Expertos de Naciones Unidas han pedido una "investigación transparente" por las acusaciones de tráfico sistemático de mujeres con fines de explotación sexual tras la difusión por parte del Departamento de Justicia estadounidense de los archivos vinculados al caso del pedófilo Jeffrey Epstein.
"Debemos pasar de lo mediático a una acción efectiva, rendición de cuentas y medidas urgentes para garantizar el acceso a la justicia, reparaciones centradas en las supervivientes, garantías de no repetición y verdad, reconociendo el trauma extremo y la violencia sufridos, y la naturaleza sistémica y generalizada de las graves violaciones de Derechos Humanos que se han producido", han argüido.
Las acusaciones --que implican a políticos de alto nivel, figuras públicas, diplomáticos, líderes empresariales y académicos-- ponen en evidencia el "fracaso devastador de la prevención", así como "en identificar, asistir y proteger a las víctimas" e investigar y procesar a los perpetradores de esta violencia.
El hecho de que este tráfico sexual generalizado de mujeres y menores haya "persistido a nivel global", han asegurado, muestra "la arraigada discriminación y violencia de los sistemas patriarcales de poder", así como "los graves fallos de rendición de cuentas".
Los expertos también han alertado de la "mercantilización y brutalización de los cuerpos de mujeres jóvenes y niñas", expuestas en los medios, así como de "la publicación de imágenes sin rostro de menores en situaciones abyectas y vulnerables".
De la misma forma, han expresado preocupación por la "respuesta totalmente inadecuada y desproporcionada" de los Estados y autoridades encargadas de hacer cumplir la ley ante la "gravedad de los crímenes y al sufrimiento de las víctimas".
"La imposibilidad de garantizar la rendición de cuentas perpetúa una cultura de la impunidad que perjudica desproporcionadamente a las mujeres y niñas, y socava la promesa de igual protección bajo el Derecho Internacional", han expresado.
En este sentido, han recordado a los Estados que tienen la obligación, en virtud de las leyes internacionales, de "prevenir la trata de personas con fines de explotación sexual" y de "identificar, asistir y proteger a las víctimas de trata".
