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El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha criticado este miércoles el «ataque flagrante» de Estados Unidos a la entidad con las sanciones impuestas contra su presidenta, Tomoko Akane, y un letrado del organismo, asegurando que ponen «en riesgo» el propio ordenamiento jurídico internacional.
En un comunicado, el TPI «deplora» el anuncio de nuevas sanciones por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos afirmando que «constituyen un ataque flagrante contra la independencia de una institución judicial imparcial que actúa en virtud del mandato conferido por sus Estados Partes de todas las regiones».
Recuerda que con estas medidas actualmente nueve de los dieciocho jueces, además de los dos fiscales adjuntos, el exfiscal y un miembro del personal han sido sancionados por Washington.
«Estas medidas dirigidas contra jueces, fiscales y miembros del personal que trabajan para cumplir el mandato conferido al TPI por los Estados socavan el Estado de derecho. Cuando se amenaza a los actores judiciales por aplicar la ley, es el propio ordenamiento jurídico internacional el que queda en riesgo», ha alertado el tribunal con sede en La Haya.
El TPI recalca que las medidas coercitivas afectan a la capacidad de las víctimas «para buscar justicia», incidiendo en que recurren al tribunal cuando «todas las demás vías se han agotado».
En todo caso, el tribunal internacional subraya que «no se dejará intimidar» y ha expresado su apoyo al personal sancionado y a las víctimas de «atrocidades inimaginables» que buscan justicia.
«El Tribunal continuará cumpliendo plenamente su mandato con independencia e imparcialidad, de conformidad con el Estatuto de Roma y en interés de las víctimas de crímenes internacionales», ha señalado, al tiempo que reconoce las «constantes muestras de solidaridad» de los Estados Parte, la sociedad civil y todas aquellas personas e instituciones que apoyan el Estado de Derecho y la justicia.
Aparte de Akane, la Administración de Donald Trump ha incluido en su 'lista negra' al magistrado senegalés Abdoulaye Seye, abogado litigante de alto rango.
El secretario de Estado, Marco Rubio, ha justificado la medida acusando a los dos últimos afectados de haber «participado directamente en las iniciativas del TPI para investigar, detener, encarcelar o enjuiciar a funcionarios» de gobiernos que no han ratificado el Estatuto de Roma, lo cual, ha advertido en un comunicado, «sienta un peligroso precedente para todas las naciones».
Este paso se enmarca en la cruzada de Estados Unidos contra el tribunal con sede en La Haya, al que acusa de ser un tribunal «supranacional corrupto» y «politizado» que abusa de su autoridad.
