Artículo completo
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha anulado este miércoles la suspensión concedida horas antes por otra corte sobre la ejecución de Christa Pike, única mujer condenada a muerte en el estado de Tennessee tras ser declarada culpable del asesinato en primer grado en 1996 de una compañera de clase, cuando tenía 19 años.
«Se concede la solicitud para dejar sin efecto la suspensión de la ejecución de la pena de muerte», reza la decisión del Supremo, que «deja sin efecto» la orden previamente emitida por el Tribunal de Apelaciones para el Sexto Circuito que había frenado temporalmente la ejecución de Christa Pike.
En 1996, Pike fue declarada culpable de asesinato en primer grado y condenada a la pena máxima por la muerte en 1995 de Collen Slemmer, una compañera de clase. Ella y su entonces pareja sentimental, Tadaryl Shipp —condenado a cadena perpetua—, torturaron, acuchillaron y golpearon a la víctima mortalmente.
Pike, que nunca negó su participación en el crimen, se convirtió con 21 años en la persona más joven en el corredor de la muerte. En su último intento sin éxito por el indulto, incidió en sus problemas de salud mental de entonces, asegurando que le llevó «muchos años» comprender la gravedad de sus actos.
La acusación sostuvo que Pike, en base a su temor de que Slemmer intentara mantener una relación con su novio, la apuñaló con un cúter y la golpeó con un trozo grande de asfalto. Shipp admitió haber grabado en su cuerpo un pentagrama, un símbolo en forma de estrella asociado al satanismo.
La decisión, con todo, ha contado con el disenso de la jueza Sonia Sotomayor, suscrito por las magistradas Ketanji Jackson y Elena Kagan, las tres únicas integrantes del Supremo nombradas por administraciones demócratas.
En su escrito, cotejado por Europa Press, Sotomayor argumenta que el fallo «allana el camino para que el Estado ejecute a Pike antes de que se puedan considerar adecuadamente sus impugnaciones legales aún pendientes contra su condena».
«Pike había solicitado anteriormente un recurso estatal de revisión posterior a la condena, alegando en parte una asistencia letrada ineficaz durante el juicio; argumentaba que su abogado no presentó pruebas atenuantes adecuadas en la fase de imposición de la pena que habrían puesto de relieve el grave abuso sexual que sufrió cuando era menor de edad», ha recordado.
A este respecto, ha agregado que «en una audiencia sobre dicha reclamación, según Pike, el estado (de Tennessee) la acusó reiteradamente de ser una 'mentirosa patológica' y puso en duda las experiencias de violencia sexual que ella había sufrido».
Ya con los recursos de impugnación de la condena y de habeas corpus denegados, «el estado manifestó recientemente durante una audiencia probatoria que 'no cuestiona las cosas terribles' que Pike 'sufrió' cuando era menor de edad», ha subrayado la magistrada, que ha señalado que la condenada «ha pedido reabrir la sentencia que denegaba el recurso federal de 'habeas corpus'» argumentando que «la declaración del estado implica, en la práctica, el reconocimiento de que este incurrió en maniobras procesales desleales durante los procedimientos posteriores a la condena, 'contaminándolos' así».
Ante este nuevo recurso, el Tribunal de Apelaciones para el Sexto Circuito decidió suspender la ejecución de Pike para revisar si las acusaciones de abuso sexual que sufrió siendo niña fueron analizadas de manera exhaustiva durante el juicio en el que se le condenó a muerte, ya que sus abogados sostienen que en caso de ser así no se habría apostado por la pena capital.
Sin embargo, «la decisión del Tribunal (Supremo) de dejar sin efecto dicha suspensión interfiere con la gestión administrativa habitual del Tribunal del Sexto Circuito en un caso de pena capital e impide innecesariamente que dicho tribunal examine debidamente la alegación de Pike», ha manifestado la magistrada en disenso.
«Peor aún, el Tribunal concede una medida tan extraordinaria únicamente para permitir que el Estado ejecute a Pike antes de que el litigio sobre su condena haya seguido su curso natural en los tribunales inferiores», ha denunciado, afirmando no ver «ninguna razón para interrumpir abruptamente el proceso ordinario de revisión en apelación, especialmente a la luz de las graves consecuencias que tendría una decisión errónea».
En esta línea, Sotomayor ha remarcado que, «en casos de pena capital, 'el reconocimiento de nuestra propia falibilidad y el respeto por el criterio de un tribunal de apelación' exigen cautela antes de 'actuar de forma irreparable'». «Hoy, el Tribunal, como ha hecho con demasiada frecuencia últimamente, opta por pasar por alto ese principio precisamente cuando más importa», ha lamentado.
