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El presidente de Guinea, Mamadi Doumbouya, ha destituido este viernes a dos de sus ministros tras advertir en un comunicado que la lucha contra la corrupción se aplicará a todos los cargos públicos sin excepción.
Aunque la orden dictada el pasado viernes para cesar al ministro de Trabajo, Mory Condé, y al de Comunicación, Mourana Soumah, no precisó las razones oficiales ni estableció un vínculo explícito con casos de corrupción, el presidente Doumbouya ha relacionado este sábado sus destituciones con la exigencia de transparencia y su política de tolerancia cero frente a las irregularidades en la administración.
En un comunicado publicado en sus redes sociales, el mandatario ha vinculado sus decisiones a la exigencia de ejemplaridad.
«Contra la corrupción, mi mano no titubeará. Ningún rango, ningún cargo, ninguna cercanía pone a nadie a salvo del rigor republicano. Las decisiones intervenidas esta noche en el seno de la República son la prueba de que la exigencia se aplica a todos, sin excepción, comenzando por los que trabajan a mi lado. La 'Refundación' no es solo un eslogan, es una disciplina que nos imponemos en primer lugar a nosotros mismo», ha señalado.
Las destituciones ocurren en un momento en que el Gobierno guineano mantiene la transparencia administrativa y la lucha contra la corrupción entre sus prioridades estratégicas, ejes que el Ejecutivo promueve en su plataforma oficial junto con la reconciliación nacional, la refundación del Estado y la inclusión.
«Una nación no se construye en la división ni en la impunidad; se construye en la confianza restaurada entre el Estado y sus ciudadanos, más allá de nuestras regiones, nuestros orígenes y nuestras diferencias», ha matizado.
Además de las destituciones, un nuevo decreto oficial ha confirmado la destitución de Mahamadou Abdoulaye Diallo, asesor presidencial en materia de Cultura, Turismo y Artesanía. En paralelo, las autoridades anunciaron sanciones contra el exfiscal general del Tribunal Supremo, Algassimou Diallo, quien fue inhabilitado para el ejercicio judicial.
Estas medidas se enmarcan en la ofensiva del Ejecutivo guineano para reforzar los controles en la función pública, en un contexto en el que la corrupción genera pérdidas anuales superiores a los 500.000 millones de francos guineanos (unos 48 millones de euros) en sobornos, según estimaciones de la Agencia Nacional de Lucha contra la Corrupción de Guinea.
