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La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de Bolivia ha logrado elegir en la madrugada de este sábado a un fiscal general del Estado interino tras la destitución del hasta ahora poseedor del cargo, Roger Mariaca, acusado de narcotráfico.
«Hay más de dos tercios, por lo tanto ha sido seleccionado el doctor Urioste», ha explicado el presidente de la ALP, Diego Ávila, tras la quinta y definitiva votación, informan medios bolivianos.
El elegido es José Armando Urioste Viera, que sustituye a Mariaca al amparo de la nueva Ley 1773, promulgada el viernes por el presidente boliviano, Rodrigo Paz.
La destitución de Mariaca fue aprobada con 113 votos a favor, 11 en contra, tres abstenciones y un voto en blanco de un total de 128 legisladores presentes conforme a la Ley 1773 que obliga a elegir a un sustituto del fiscal general en la misma sesión si es destituido por estar formalmente imputado o sujeto a una medida cautelar personal por delitos sancionables con privación de libertad.
La propia Fiscalía de Bolivia había solicitado el viernes prisión provisional durante seis meses para Mariaca y para los magistrados Alberto Zeballos y Martín Irusta, acusados de narcotráfico.
Urioste es licenciado en Derecho, Ciencias Jurídicas y Sociales con una maestría en Derecho Constitucional y Derecho Agrario. Ha sido juez de Instrucción, juez de Partido, juez Público Civil y Comercial, vocal de la Sala Social, Contenciosa y Contenciosa Administrativa y decano del Tribunal Departamental de Justicia del Beni. Además ha sido docente universitario.
Este episodio tiene lugar en un momento en el que Estados Unidos ha puesto el foco sobre el fiscal general y otros altos cargos y ex altos cargos de Bolivia, a los que ha prohibido la entrada en el país y aplicado sanciones.
En concreto, el Departamento de Estado norteamericano señala a Mariaca por «abusar de posición pública para pedir y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia».
Antes de su arresto, Mariaca había denunciado las acusaciones de Estados Unidos como presión en contra por investigar casos como el de la detención del consultor político de derecha Fernando Cerimedo, vinculado a Rodrigo Paz y al presidente argentino, Javier Milei.
«Sabemos que el trabajo que hemos venido haciendo no ha sido del agrado de determinados sectores políticos, tanto dentro como fuera de nuestro país», dijo. Cerimedo está acusado de tentativa de feminicidio y otros crímenes.
