Las autoridades de Colombia han rechazado «categóricamente» el posible secuestro de tres funcionarios de la Policía Nacional del país en la convulsa región del Catatumbo, en el noreste del país, a manos de, han apuntado, miembros de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
«El Gobierno Nacional rechaza categóricamente este secuestro y ha dispuesto todas las capacidades de la Fuerza Pública para ubicar a los uniformados y garantizar su regreso sanos y salvos», ha indicado el Ministerio de Defensa en un comunicado difundido en redes.
Los tres agentes pertenecen a la Comisión Norte de Santander del Grupo de Investigación contra el Terrorismo (GRATE), unidad de élite de las fuerzas especiales de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de la Policía Nacional de Colombia.
Se trata del mayor Fredy Alexis Russi González, del patrullero Edinson Yesid Medina Traslaviña y de la patrullera Erica Tatiana Monroy Hurtado. Todos ellos habrían sido secuestrados mientras se desplazaban de la localidad de Ocaña a la de Cúcuta, sita en la frontera con Venezuela.
El Ministerio de Defensa ha relacionado estos hechos con integrantes de la estructura 'Camilo Torres' del ELN, bajo el mando de alias 'Zorrito', quien sería superior de alias 'Firulais'.
Conocida la noticia, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha afirmado haber ordenado desplegar «todas las capacidades de la Fuerza Pública» para «encontrarlos, traerlos de regreso sanos y salvos y capturar a los responsables de este acto criminal».
«A nuestros policías y soldados se les respeta. Quienes se atrevan a atentar contra ellos sentirán todo el peso de la ley», ha recalcado De la Espriella en un mensaje en redes.
Estos hechos, han sido considerados por la cartera de Defensa como «una retaliación de los grupos armados ilegales frente a los contundentes resultados operacionales alcanzados por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en el Catatumbo y Norte de Santander».
A ese respecto, el órgano ministerial ha querido destacar que dado que Colombia es integrante de la Coalición Americana contra los Cárteles (A3C), impulsada por Estados Unidos y conocida como Escudo de las Américas, Bogotá ha mantenido conversaciones con Washington y el resto de países de la alianza para «fortalecer la cooperación y apoyos necesarios para ejercer de manera contundente todas las acciones necesarias en el fortalecimiento y control fronterizo entre Colombia y Venezuela».
«Frente al Derecho Internacional Humanitario hacemos responsables a estos grupos armados por la vida, integridad y seguridad de nuestros policías, y exigimos su respeto y protección inmediata», ha apuntado el texto ministerial que advierte, a renglón seguido, que «quienes atenten contra policías y soldados colombianos enfrentarán toda la capacidad institucional y deberán responder ante la Justicia».
