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El Gobierno boliviano dice que el nuevo fiscal interino será detenido por obstaculizar la investigación de su predecesor

Redacción

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Lo esencial

El gobierno de Bolivia ha ordenado la detención del nuevo fiscal general, Luis Montaño, por usurpar funciones y obstaculizar una investigación.

Por qué importa

Importa porque se trata de un conflicto institucional que afecta la estabilidad del sistema judicial boliviano.

Qué ocurrió

El portavoz presidencial, José Luis Gálvez, ha acusado a Luis Montaño de usurpar funciones y obstaculizar una investigación contra autoridades involucradas en el caso Marset. Montaño, por su parte, asegura que asumió el cargo legalmente para evitar un vacío institucional tras la detención de su predecesor, Róger Mariaca.

Entre líneas

El gobierno boliviano y el fiscal interino tienen versiones opuestas sobre la legalidad de la asunción de Montaño al cargo. La Fiscalía respalda a Montaño, mientras que el Ejecutivo insiste en que la Asamblea Legislativa debe elegir al nuevo fiscal.

El contexto

El caso Marset ha llevado a la detención del anterior fiscal general, Róger Mariaca, y a la sanción de varios ciudadanos y autoridades sudamericanas por parte del gobierno de Estados Unidos.

El panorama

El caso refleja una rápida evolución de los eventos políticos en Bolivia, con detenciones y sanciones internacionales que afectan a altos funcionarios.

Qué esperar

La Asamblea Legislativa Plurinacional decidirá el viernes sobre el nombramiento del nuevo fiscal general.

La clave

El gobierno boliviano ha acusado a Montaño de ponerse del lado del narcoterrorismo y de una estructura criminal, lo que podría tener implicaciones significativas para la estabilidad política del país.

Artículo completo

El Gobierno de Bolivia ha señalado que la Policía detendrá al nuevo fiscal general, Luis Montaño —que asumía el cargo apenas unas horas antes—, por usurpación de funciones e intento de obstaculización de la investigación contra las autoridades involucradas en el caso Marset, que incluyen al destituido y arrestado de su predecesor, Róger Mariaca.

«Quiero denunciar al señor Luis Montaño Morales, que de manera ilegal e ilegítima está haciendo usurpación de funciones, autodeclarándose como fiscal general», ha afirmado el portavoz presidencial, José Luis Gálvez, en una rueda de prensa en la que ha subrayado que «esta persona está siendo buscada y va a ser detenida porque también va a tener que rendir cuentas ante la Justicia», ha recogido el diario boliviano 'El Deber'.

El anuncio llega apenas unas horas después de que Montaño asumiera en funciones el cargo de fiscal general del Estado tras la detención de Róger Mariaca, arrestado junto al fiscal del departamento de Santa Cruz, Alberto Zeballos.

Gálvez ha acusado al fiscal interino de intentar frenar las investigaciones contra los detenidos, acusándolo así de ponerse «del narcoterrorismo y de la estructura criminal» y asegurando que, por ello, «recibirá una respuesta firme y directa de parte del Gobierno».

El relato del portavoz de Rodrigo Paz contrasta con el presentado por Montaño, que ha alegado haber asumido el puesto en funciones, por ser el fiscal superior con mayor antigüedad y a fin de evitar un vacío institucional tras la detención de Mariaca.

La propia Fiscalía —que denunció como «ilegal e informal» la operación policial para detener a 14 personas, entre ellas Mariaca y Zeballos— ha respaldado la versión de su jefe interino, señalando que, ante la ausencia definitiva del titular, la dirección del órgano corresponde al fiscal departamental o superior de acuerdo con el orden de prelación establecido legalmente.

Sin embargo, el Ejecutivo no ha reconocido tal interpretación y el ministro de gobierno, Marco Oviedo, ha reclamado que debe ser la Asamblea Legislativa Plurinacional la que elija al nuevo fiscal en una sesión programada para este viernes.

«Mañana es la Asamblea la que decide. No se puede autonombrar fiscal interino. Será la Asamblea de donde emerge el nombramiento del fiscal general la que tendrá que decidir mañana en una sesión que está convocada», ha declarado en una intervención en la que también ha defendido la legalidad de las detenciones llevadas a cabo.

El caso, que ha sacudido la política boliviana, ha presentado una evolución notablemente rápida: ha sido este lunes cuando el Gobierno de Estados Unidos anunciaba sanciones contra una serie de ciudadanos y autoridades sudamericanas entre las que se encontraba el hasta entonces fiscal general, Róger Mariaca.

Pese a que éste rechazó lo que consideró como presiones, afirmando que no retrocedería en ninguna investigación, Lima pidió información al respecto a Washington al día siguiente y dos días después lanzó la operación en la que fue detenido.

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