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Las autoridades de Irán han ejecutado este lunes a dos personas condenadas por su papel en la muerte de cuatro policías en la ciudad de Isfahán en el marco de las protestas antigubernamentales entre diciembre de 2025 y febrero, días después del ajusticiamiento de otros dos hombres por incidentes similares en Mashhad.
Los ajusticiados, identificados como Alireza Sepahi y Alireza Raisi, fueron condenados a muerte por «pertenencia a un grupo rebelde armado», «guerra contra Dios» y «corrupción en la tierra», entre otros cargos, según ha recogido el portal de noticias Mizan, vinculado al aparato judicial iraní.
Los dos sentenciados estaban acusados de participar en ataques armados contra civiles y miembros de las fuerzas de seguridad y edificios oficiales durante las movilizaciones, sucesos en los que murieron al menos cuatro agentes, cuyos cuerpos habrían sido «profanados» tras su «martirio».
Horas antes de la confirmación oficial, abogados de Sepahi habían denunciado que había sido ahorcado en prisión, según el director de Iran Human Rights, Mahmud Amiri-Moqadam, quien recalcó que «una suspensión inmediata de todas las ejecuciones debe ser una demanda central de cualquier gobierno que mantenga relaciones diplomáticas con la República Islámica».
«La ejecución semanal de manifestantes continúa, mientras cientos más han sido condenados a muerte o se enfrentan a cargos que conllevan la pena capital», ha señalado en un mensaje en redes sociales, donde ha subrayado que «esto representa una continuación de la matanza de manifestantes de enero: primero en las calles y ahora mediante ejecuciones».
Las autoridades iraníes han confirmado más de 3.100 muertos en las protestas —entre ellos 600 «terroristas» y más de 2.400 civiles y agentes de las fuerzas de seguridad— y han responsabilizado a fuerzas externas de avivar la violencia en las manifestaciones con el fin de justificar una posible intervención de Estados Unidos.
El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó en varias ocasiones con lanzar una ofensiva contra Irán por la represión de las protestas y posteriormente reconoció que su Gobierno envió armas a manifestantes con la esperanza de fomentar un levantamiento, lo que llevó a Teherán a subrayar que estas palabras suponen un espaldarazo a la versión oficial sobre la implicación de personas armadas en las movilizaciones.
Por su parte, una comisión de investigación de Naciones Unidas afirmó el 17 de septiembre que las autoridades iraníes reprimieron las protestas antigubernamentales de una forma que puede describirse como «un ataque sistemático y generalizado» contra la población civil, por lo que podrían ser considerados como crímenes contra la humanidad.
