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El Departamento de Estado norteamericano ha anunciado este lunes la imposición de sanciones y la prohibición de entrar en el país al fiscal general boliviano, Roger Mariaca, al que acusa de corrupción y de favorecer al narcotráfico.
«Mariaca fue elegido en 2024 para un mandato de seis años como fiscal general, durante el mandato del presidente de extrema izquierda Luis Arce», explica el Departamento de Estado en un comunicado que señala que «abusó de posición pública para pedir y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayuda a criminales violentos a evadir la Justicia».
Estas acciones «ponen en peligro los esfuerzos del presidente (Donald) Trump para combatir el narcoterrorismo y socavan las instituciones democráticas de Bolivia», que, recuerda, participa en la coalición Escudo de las Américas. «Los funcionarios corruptos —y los criminales a quienes protegen— no son bienvenidos en Estados Unidos», ha insistido Washington al presentar la medida.
MARIACA NO RETROCEDERÁ «NI UN CENTÍMETRO»
El fiscal general del Estado de Bolivia ha rechazado cualquier presión procedente del Exterior tras el anuncio de las sanciones y restricciones emitidas por Estados Unidos.
Durante una rueda de prensa celebrada en Chuquisaca, Mariaca ha expresado sus sorpresa ante la decisión de las autoridades estadounidenses y ha defendido el respeto a la soberanía de cada Estado.
En esta línea, el funcionario boliviano ha señalado que Bolivia mantiene una posición de respeto hacia las decisiones soberanas de otros países y ha subrayado que las autoridades de La Paz «nunca» han tratado de intervenir en asuntos que corresponden a otros Estados.
Así las cosas, ha reclamado que ese mismo principio sea aplicado a Bolivia y ha pedido respeto hacia este Estado, sus instituciones y sus autoridades, en el contexto de las medidas anunciadas por Washington.
Mariaca ha aprovechado asimismo su comparecencia para reafirmar que las actuaciones de la Fiscalía continuarán sin modificaciones por las presiones externas. «No retrocederemos ni un centímetro», ha declarado en referencia a las investigaciones actualmente en marcha sobre diferentes casos.
El señalamiento de Mariaca se ha realizado —ha señalado el Ejecutivo estadounidense— al amparo de la Ley de Asignaciones para Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados de 2026, que permite al secretario de Estado designar pública o privadamente a funcionarios extranjeros y a sus familiares directos cuando exista información considerada fidedigna sobre su implicación en corrupción significativa o graves vulneraciones de los Derechos Humanos.
Además, Washington ha sancionado a otros doce ciudadanos bolivianos y sus familiares cuyos visados han sido revocados. Entre ellos hay fiscales, jueces, exmagistrados, un exejecutivo de la Aduana Nacional, un coronel de la Policía, un empresario y el exministro de Justicia Iván Lima. Otros nueve ciudadanos bolivianos que actualmente no cuentan con visado han quedado excluidos de obtener esa documentación.
