El Gobierno de Estados Unidos ha condenado la muerte bajo custodia en Nicaragua del líder indígena Brooklyn Rivera y ha responsabilizado a la «dictadura» del país centroamericano de su fallecimiento tras «tres años de trato inhumano, detención injusta y desaparición forzada».
«La dictadura Ortega-Murillo en Nicaragua es responsable de la muerte de Brooklyn Rivera, líder del partido político indígena Yatama», ha dicho el vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, en referencia a los copresidentes del país, Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.
«Rivera falleció este fin de semana como preso del régimen después de tres años de trato inhumano, detención injusta y desaparición forzada», ha señalado en un mensaje en redes sociales, en el que ha subrayado que «Estados Unidos se solidariza con quienes, como Brooklyn, luchan por una Nicaragua libre».
Por su parte, la directora para las Américas de la organización no gubernamental Amnistía Internacional, Ana Piquer, ha cargado contra las autoridades de Nicaragua tras el fallecimiento de Rivera y ha destacado que el líder indígena «no debió morir bajo custodia del Estado nicaragüense».
«Su muerte se produjo tras el empeoramiento de su estado de salud mientras se encontraba en detención arbitraria. Durante este tiempo, las autoridades lo mantuvieron sin paradero confirmado, sin acceso a su familia ni a defensa de confianza y sin supervisión independiente que verificara su situación», ha denunciado.
Así, ha recordado que la ONG «advirtió reiteradamente que esas circunstancias ponían en riesgo su integridad personal y su vida». «Hoy, esas advertencias se han materializado en una muerte que el Estado debe explicar», ha destacado Piquer, quien ha insistido en que «este grave hecho no puede quedar en el silencio ni en la impunidad».
«Bajo los estándares internacionales de Derechos Humanos, todas muertes bajo la custodia del estado tienen que ser investigada porque pueden constituir muertes ilícitas y, por lo tanto, una violación del derecho a la vida», ha recordado, al tiempo que ha pedido a la comunidad internacional «exigir rendición de cuentas al Estado nicaragüense y realizar una investigación con prontitud, y de manera efectiva, exhaustiva, independiente, imparcial y transparente».
«Hoy más que nunca, también deben intensificar sus acciones en favor de las personas que continúan en prisión por motivos políticos bajo condiciones similares a las que estuvo sometido Rivera. Sus vidas están bajo un enorme peligro», ha alertado, según un comunicado publicado por la organización.
En esta línea, ha esgrimido que las autoridades deben permitir a la familia de Rivera un «acceso inmediato y sin restricciones a toda la información relacionada con su detención, las condiciones en las que permaneció privado de su libertad, y las circunstancias de su muerte», así como garantizar la «entrega digna» de sus restos para que pueda ser enterrado «conforme a sus deseos».
«Cualquier demora, ocultamiento de información o represalia contra su familia agravaría la responsabilidad estatal sobre este hecho. La familia de Brooklyn Rivera tiene derecho a la verdad», ha zanjado Piquer.
La muerte de Rivera fue confirmada el domingo por las autoridades de Nicaragua, que señalaron que murió en un hospital de la capital, Managua, al que fue trasladado a causa del grave deterioro de su estado de salud durante los últimos días. Además, achacó el fallecimiento a «una bacteria» generada por el coronavirus, al tiempo que trasladó sus condolencias a su familia.
Rivera fue encarcelado por el Gobierno nicaragüense el 29 de septiembre de 2023. El Gobierno de Ortega difundió recientemente unas fotografías en las que el exdiputado aparece tumbado en una cama de hospital, conectado a ventilación mecánica y alimentación intravenosa, y ha revelado que lleva internado desde el pasado 7 de marzo.
