La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos ha autorizado al Gobierno de Venezuela a abonar con fondos estatales la defensa del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, encarcelados en Estados Unidos acusados de delitos de narcotráfico.
«Las partes escriben conjuntamente para informar al Tribunal que la Oficina de Control de Activos Extranjeros ha emitido licencias enmendadas a los abogados de los acusados Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores de Maduro», ha explicado la OFAC en un documento oficial.
El texto está firmado por el fiscal Jay Clayton con fecha 24 de abril de 2026 y está dirigido al juez Alvin K. Hellerstein, quien lleva el caso.
«Las licencias enmendadas autorizan a los abogados de la defensa a recibir pagos del Gobierno de Venezuela bajo ciertas condiciones, incluyendo que: (i) los pagos autorizados se realicen con fondos disponibles para el Gobierno de Venezuela después del 5 de marzo de 2026; y (ii) los pagos autorizados no provengan de Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros», prosigue.
Las autoridades estadounidenses prohibieron utilizar fondos venezolanos para pagar la defensa de Maduro y Flores con el argumento de que iría en contra de las sanciones impuestas al país.
Maduro y Flores alegaron que ello infringía su derecho a un juicio justo y pedían por ello que la acusación en su contra debía ser desestimada. Sin embargo, ahora consideran que se han resuelto los «asuntos subyacentes» y por tanto, los acusados «retiran sus mociones por haber quedado sin objeto, sin perjuicio de volver a presentarlas si surgen problemas similares en el futuro».
En una audiencia celebrada en marzo, el juez de distrito estadounidense Alvin Hellerstein cuestionó la negativa de la fiscalía a permitir que el Gobierno venezolano pagara la defensa de Maduro. El juez señaló que Estados Unidos mantiene relaciones comerciales con Venezuela y que Maduro y su esposa ya no se encuentran en ese país.
Maduro fue capturado junto a Cilia Flores el pasado 3 de enero en una incursión militar estadounidense que dejó más de un centenar de muertos y tras la que el mandatario y la primera dama fueron trasladados y encarcelados en Nueva York. Ambos se declararon no culpables de los cargos que se les imputaban en la causa, relacionados con presuntas actividades de narcotráfico y conspiración para introducir cocaína en el país.
