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El presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, Aldo Ismael Quezada Cerruti, ha presentado su renuncia irrevocable al cargo y a su puesto como vocal de la Sala Constitucional Segunda, pocas horas después de que se conociera su inclusión en la nueva lista de restricciones de visado impuestas por Estados Unidos.
La decisión de Quezada se produjo después de que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, le recomendara públicamente dar un paso al costado y presentar su dimisión para someterse a las investigaciones pertinentes sin acogerse a privilegios por su condición de magistrado.
«Entendemos que el Gobierno de los Estados Unidos dicta esta medida porque los ciudadanos mencionados ya no gozan de la credibilidad necesaria para administrar el Órgano Judicial departamental», señaló Saucedo en referencia a Quezada y a otro de los afectados, el vocal Julio Nelson Alba Flores, según recoge el diario boliviano 'El Deber'. El titular del TSJ instó a la Sala Plena del tribunal cruceño a asumir la conducción de la institución en las próximas horas.
Por su parte, el Gobierno de Bolivia ha descartado ofrecer cualquier tipo de protección o blindaje a las autoridades y exautoridades incluidas en la lista de vetados por Estados Unidos. El portavoz presidencial, José Luis Gálvez, ha aseverado que el Ejecutivo no encubrirá ni negociará impunidad, señalando que ni el cargo ni la influencia ni el uniforme los protege. Asimismo, Gálvez ha indicado que los implicados que formaron parte de la administración pública ya han sido cesados de sus funciones y deberán rendir cuentas ante la justicia ordinaria si existen elementos que justifiquen procesos de investigación.
La dimisión de Quezada se enmarca en las recientes sanciones anunciadas por la Administración de Donald Trump, que ha prohibido la entrada a Estados Unidos a más de 60 personas de Bolivia y Colombia —entre expolíticos, legisladores y altos cargos judiciales— en el marco de su campaña contra la corrupción y el narcotráfico en el continente.
En el caso de Bolivia, la lista del Departamento de Estado, liderado por Marco Rubio, afecta a cerca de 40 ciudadanos, incluyendo a los exfiscales Juan Lanchipa, Félix Balderas y Armando Rojas, así como a varios diputados y mandos policiales. Desde el Ejecutivo boliviano e instancias judiciales se ha recordado que la restricción de visados no constituye por sí misma una condena penal ni determina una responsabilidad judicial en el país.
