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El fiscal general del Estado de Bolivia, Róger Mariaca, ha sido detenido junto al fiscal del departamento de Santa Cruz, Alberto Zeballos, en el aeropuerto internacional Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra, tan solo días después de que fueran sancionados por Estados Unidos acusados de corrupción y de favorecer al narcotráfico.
En un video publicado en redes sociales, portavoces de la Fiscalía General de Bolivia han denunciado el «secuestro» de Mariaca y la «vulneración de sus Derechos Humanos», señalando que «no se está respetando la institucionalidad del Estado». Según la responsable de prensa, Claudia Pardo Moya, el fiscal se encuentra «retenido» en el aeropuerto de Viru Viru de forma informal y «sin una orden de aprehensión».
El fiscal general viajaba de Sucre a Santa Cruz para cumplir con su agenda institucional, ha explicado la portavoz.
En ese momento de la grabación han irrumpido en la sede de la Fiscalía agentes de Policía, una actuación que ha sido igualmente denunciada por la Fiscalía General al señalar que la intervención era «ilegal e informal» y que todo el personal y fiscales en la sede se encontraban «aprendidos sin ningún tipo de fundamento».
Los agentes, según han denunciado, querían llevar al personal de la Fiscalía ante las autoridades de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).
Mientas, autoridades policiales han señalado al diario boliviano 'El Deber' que Mariaca y Zeballos fueron interceptados por policías de Inteligencia dentro de la terminal aérea cuando llegaban de Sucre, si bien no han trascendido los motivos de la detención. Ahora se prevé que sean llevados a La Paz.
El episodio tiene lugar en un momento en el que Estados Unidos ha puesto el foco sobre el fiscal general y otros altos cargos y ex altos cargos del país, a los que ha prohibido la entrada en el país y aplicado sanciones.
En concreto, el Departamento de Estado norteamericano señala a Mariaca por «abusar de posición pública para pedir y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia».
El ministro de Defensa boliviano, Ernesto Justiniano, en la que fue la primera reacción del Ejecutivo de Rodrigo Paz, ha asegurado que las autoridades bolivianas pedirían aclaraciones a Washington tras la «gravedad» de las acusaciones formuladas contra los fiscales.
