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Declaran ilegal en Israel el registro por parte de partidos de qué votantes acuden a las urnas

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Lo esencial

El Tribunal Superior de Justicia de Israel ha prohibido que delegados de partidos políticos registren qué votantes ejercen su derecho al voto el día de las elecciones.

Por qué importa

Esto importa porque afecta a la transparencia y legalidad del proceso electoral en Israel.

Qué ocurrió

El Tribunal Superior de Justicia de Israel ha declarado ilegal la práctica de registrar votantes por parte de delegados de partidos políticos, como Likud, liderado por Benjamin Netanyahu. La jueza Yael Willner, respaldada por Alex Stein y Chaled Kabub, ha prohibido el uso de dichos datos y revocado una decisión previa de la Comisión Electoral Central.

Entre líneas

El fallo sugiere que la decisión de la Comisión Electoral Central podría haber sido influenciada por intereses políticos, especialmente por el partido Likud y formaciones ultraortodoxas. Es la version de la parte interesada, no un hecho verificado de forma independiente.

El contexto

La práctica de registrar votantes se ha llevado a cabo durante varios ciclos electorales, especialmente desde 2020, por parte de varios partidos, incluyendo el Likud y formaciones ultraortodoxas.

La clave

El ministro de Justicia, Yariv Levin, ha criticado la decisión del tribunal, argumentando que podría afectar la participación de votantes de derecha en las elecciones.

Artículo completo

EL Tribunal Superior de Justicia de Israel ha declarado ilegal por unanimidad este jueves la práctica por la que delegados de partidos políticos —entre los que destaca Likud, liderado por el primer ministro, Benjamin Netanyahu— registran qué votantes ejercen su derecho al voto el día de las elecciones, prohibiendo asimismo el uso de dichos datos y revocando así una decisión previa de la Comisión Electoral Central.

«Reitero y aclaro que, a falta de una autorización legal expresa, no está permitido que los representantes de los partidos en los colegios electorales transmitan a sus formaciones información relativa al ejercicio del derecho al voto de una persona», ha escrito la jueza Yael Willner en el fallo, recogido por el diario 'The Times of Israel'.

En el mismo, Willner, respaldada por sus pares Alex Stein y Chaled Kabub, ha defendido en base a jurisprudencia previa que, si un acto administrativo vulnera un derecho fundamental reconocido por ley, debe existir una legislación que autorice expresamente dicha acción, algo que no ocurre en este caso.

Por ello, la magistrada ha advertido que, aunque la práctica se ha llevado a cabo durante varios ciclos electorales, tal «costumbre» no exime de la necesidad de contar con una ley que la regule.

El dictamen ha revocado de este modo la decisión tomada a principios de este mes por la Comisión Electoral Central, la cual había dado luz verde a dicha práctica, llevada a cabo desde al menos 2020 por parte de varios partidos, especialmente el Likud y formaciones ultraortodoxas. Empleando datos de los votantes que acudían a los colegios electorales recogidos por sus delegados en los mismos, contactaban con posibles simpatizantes que aún no hubieran votado para animarles a acudir a las urnas.

La decisión ha sido enérgicamente criticada por el ministro de Justicia, Yariv Levin, si bien ha defendido que esta llevaría a los votantes de derecha a acudir «en masa» a las urnas el día de las elecciones.

«Los magistrados del Tribunal Superior saben que las elecciones giran en torno a quién nombrará a diez jueces del Tribunal Supremo en el próximo Gobierno: si seré yo, como ministro de Justicia en un Gobierno de Netanyahu, o un ministro de Justicia en un Gobierno de Yair Golan, (Mansur) Abbas y (Ahmad) Tibi», ha argüido, en alusión a los líderes de la formación izquierdista Los Demócratas, la árabe conservadora Lista Árabe Unida y la árabe de izquierda Ta'al, respectivamente.

Por ello, ha acusado a los magistrados de «intentar frenar los engranajes del cambio que ya han empezado a girar e impedir que completemos la reforma», en alusión a la reforma impulsada en enero de 2023 por el primer ministro para limitar el alcance de los jueces. «Para ellos, cualquier medio es legítimo con tal de influir en los resultados electorales», ha espetado Levin.

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