Un jurado británico ha declarado culpables este martes a cuatro activistas británicos de la ilegalizada organización Palestine Action por daños a la propiedad en una planta perteneciente a una empresa de defensa de Israel, ubicada en la ciudad de Bristol.
El jurado popular ha declarado culpables a Charlotte Head, de 30 años; Samuel Corner, de 23; Leona Kamio, de 30, y Fatima Rajwani, de 21, por causar destrozos a bienes de la empresa israelí Elbit y enfrentarse a varios guardias de seguridad y agentes tras asaltar la citada planta de fabricación de armamento el 6 de agosto de 2024.
Corner también ha sido declarado culpable por lesiones corporales, si bien ha sido absuelto del cargo más grave, tras golpear a la sargento Kate Evans con un mazo, que sufrió una fractura en la columna vertebral, según ha recogido la cadena BBC.
Los activistas Zoe Rogers, de 22 años, y Jordan Devlin, de 31 años, quedaron absueltos del cargo de daños a la propiedad. En un juicio anterior, tres de los activistas —Rajwani, Rogers y Devlin— ya fueron declarados no culpales por desorden público violento, si bien no se llegó a un veredicto sobre el resto de acusados.
La fiscal Deanna Heer KC ha afirmado ante el tribunal de Woolwich que el objetivo de los activistas era «causar el mayor daño posible». «Dentro del almacén, se dedicaron a destruir la mayor cantidad de bienes posible», ha dicho, agregando que utilizaron mazos para dañar ordenadores, equipos, drones y otros productos fabricados por Elbit.
Según la Fiscalía, el grupo utilizó una furgoneta penitenciaria como ariete para entrar en la fábrica. Vestidos con monos rojos y armados con mazos, destruyeron los bienes que encontraron a su paso. Se estima que los daños causados ascienden a un millón de libras esterlinas.
Palestine Action es una organización ilegalizada por el Gobierno del primer ministro, Keir Starmer, en julio de 2025. Numerosos de sus activistas han llevado a cabo huelgas de hambre para pedir que se levante la prohibición y por sus condiciones en prisión, especialmente ante las restricciones a la comunicación postal, las llamadas y las visitas.
