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Las autoridades de Colombia han anunciado este martes que cerca de 24.000 personas se han visto afectadas por «eventos de desplazamiento forzado masivo» derivados del conflicto armado interno entre enero y agosto de 2026, de las cuales aproximadamente 6.000, casi la cuarta parte, corresponden apenas al mes de agosto, el primer mes de Abelardo de la Espriella al frente del Ejecutivo colombiano.
«En agosto de 2026 se registraron once eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 5.976 personas», ha señalado la Defensoría del Pueblo de Colombia en un comunicado acerca de su último Boletín de Movilidad Humana, que recoge que, «entre enero y agosto de 2026, (...) un total de 111 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 23.931 personas».
El de Cauca ha sido el departamento más afectado, con más de 6.700 desplazados, seguido por Norte de Santander, con más de 4.350 personas; Antioquia, con más de 3.150; Nariño, con más de 2.550, y Magdalena, con más de 1.900.
Asimismo, el organismo, que subraya que estos eventos están «asociados a los efectos derivados del conflicto armado interno», ha agregado que en agosto, «nueve eventos de confinamiento restringieron la movilidad de 6.201 personas», cifra que, en este caso, supone poco más de un 7,7% de los 80.369 afectados por los 63 eventos de confinamiento registrados desde enero.
En este caso, el departamento más perjudicado ha sido el Chocó, con 15.641 afectados, por delante del Cauca, con 13.350; Putumayo, con 12.646; Caquetá, con 11.651, y Bolívar, con 6.593.
El Boletín de Movilidad recoge, además, que más de 69.000 personas migrantes «estuvieron en tránsito irregular por el país entre enero y agosto de 2026», si bien esta cifra «representa una reducción del 39,1% en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se registraron 113.338 personas migrantes». «En su mayoría, estas personas provienen de Venezuela, Ecuador, República Dominicana y Perú», agrega la nota.
En este marco y «como entidad nacional de Derechos Humanos», la Defensoría ha recomendado al Ejecutivo y al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) que «revisen y ajusten los procedimientos establecidos para la atención de emergencias por desplazamiento forzado y confinamiento».
El propósito, ha manifestado, «es reducir las barreras y cargas administrativas que retrasan la respuesta institucional, priorizar la urgencia humanitaria y garantizar de manera efectiva los derechos de las comunidades afectadas».
De este modo, el último Boletín de Movilidad Humana proporciona cifras sobre la evolución del desplazamiento forzado vinculado al conflicto armado interno de Colombia en el primer mes en la Presidencia de Abelardo de la Espriella.
El mandatario ultraderechista prometió un cambio de política con respecto a las guerrillas y demás grupos armados repartidos por el territorio colombiano, emprendiendo medidas como el desmantelamiento de los diálogos de paz, al tiempo que ha incrementado los bombardeos contra campamentos de estas organizaciones, medida a la que su rival político y predecesor, Gustavo Petro, comenzó a abrirse e incluso asumir hacia el final de su mandato, pese a su marcada oposición anterior.
