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El Gobierno del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ha anunciado una nueva estrategia contra las estructuras criminales basada en el sometimiento a la Justicia y el rechazo a cualquier reconocimiento político o negociación con delincuentes.
«Al criminal no se le pone una silla, se le pone un expediente», ha resumido el portavoz de la Presidencia, Miller Soto, que ha explicado que quienes cometan delitos deberán acogerse a las condiciones establecidas por la Constitución y la ley, sin participar en mesas de diálogo.
En este contexto, Soto ha revelado que los ministerios de Justicia e Interior trabajan ya —junto con la Presidencia— en un proyecto de ley de sometimiento o acogimiento que, una vez terminado, será presentado ante el Congreso. La propuesta contempla que quienes abandonen las armas y las actividades ilícitas podrán someterse a la Justicia, siempre y cuando cumplan una serie de requisitos entre los que se encuentran aportar información, cesar de manera verificable sus acciones criminales y reparar a las víctimas.
El portavoz presidencial ha asegurado que el mecanismo no contemplará reconocimiento político, negociaciones ni beneficios desproporcionados. «Lo único que van a poder decir es: me someto, y aceptar los efectos de ese sometimiento», ha aseverado.
Además, el Ejecutivo ha anunciado un estatuto antiterrorista dirigido contra las fuentes de financiación de las organizaciones criminales, entre ellas la minería ilegal, los cultivos de coca, el contrabando y el lavado de activos. La iniciativa incluirá también un régimen penitenciario especial para los principales cabecillas de dichas organizaciones.
Desde Presidencia han sostenido que ya se han retomado procesos que estaban pendientes y han anticipado nuevas actuaciones para las próximas semanas. Al mismo tiempo, han reivindicado la seguridad como una prioridad para la población y han asegurado que la nueva estrategia busca proteger a quienes trabajan y desarrollan sus actividades alejados de extorsiones y otras formas de criminalidad.
Como mensaje final, el Gobierno ha insistido en que las organizaciones delictivas deberán someterse al ordenamiento jurídico y que la lucha contra las economías ilegales será uno de los ejes de su política de seguridad.
