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Las autoridades chinas han rechazado este sábado las acusaciones de la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica sobre supuestas prácticas coercitivas de empresas mineras en Nicaragua y vínculos con la minería ilegal en territorio costarricense, asegurando que las empresas chinas no operan en dichas zonas.
En un comunicado, la Embajada china en Nicaragua ha respondido a la publicación de la embajada norteamericana en Costa Rica, la cual acusaba a Pekín de «emplear tácticas abusivas, como obligar a los mineros artesanales a vender su oro por debajo del precio de mercado».
«(Estados Unidos) acusa sin fundamento a empresas mineras chinas en Nicaragua de recurrir a prácticas coercitivas y vinculan sus actividades con la minería ilegal en Costa Rica. Cabe señalar que las empresas chinas no realizan actividades mineras en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica ni en las zonas aledañas», ha defendido la embajada china en un comunicado.
Las autoridades de Pekín han afirmado que «las acusaciones formuladas por la parte estadounidense carecen de fundamento fáctico y confunden deliberadamente cuestiones distintas», por lo que estas, defienden, resultan «irresponsables».
La delegación china ha instado a Washington a «respetar los hechos y a abandonar las acusaciones infundadas», de modo que la Casa Blanca deje de «utilizar la cuestión minera para desacreditar la cooperación entre China y Nicaragua», las cuales mantienen una buena relación a diferencia de Estados Unidos, que pide «aislar» a Managua por su desaprobación del Gobierno codirigido por Daniel Ortega y Rosaria Murillo.
La embajada estadounidense en San José advirtió el pasado viernes que las prácticas de las empresas chinas operativas en Nicaragua contribuyen al desplazamiento de mineros hacia territorio costarricense, donde estarían extrayendo oro de forma ilegal.
«Como resultado de estas tácticas coercitivas de las empresas mineras chinas, cada vez más mineros nicaragüenses cruzan la frontera para ingresar a Costa Rica y extraer oro ilegalmente», afirmó la cartera.
La denuncia se produce en medio de denuncias del Gobierno costarricense y organizaciones ambientalistas nicaragüenses sobre las concesiones mineras otorgadas por el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo a empresas de capital chino y el crecimiento de la extracción ilegal de oro en Crucitas, en la provincia norte de Alajuela, cerca de la frontera con Nicaragua.
