Los ministros de Exteriores y de Seguridad de Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú han acordado este jueves crear un plan de acción conjunto destinado a elaborar e implementar medidas para hacer frente de manera coordinada al crimen organizado transnacional.
Los ministros de los cinco países han alcanzado este acuerdo que incluye establecer «un Grupo de Trabajo integrado por las entidades competentes de cada país», que deberá crear el citado plan de acción con el objetivo último de poner en marcha medidas «concretas con resultados medibles y verificables, con arreglo a la legislación nacional e internacional aplicable» para combatir el crimen organizado en sus territorios.
Así lo recoge un comunicado conjunto difundido por el Ministerio de Exteriores de Chile, país que ha acogido el encuentro de ministros este jueves, y en el que se precisa que el plan requerirá la aprobación de los titulares de las respectivas carteras ministeriales implicadas.
El grupo de trabajo será liderado de manera «rotatoria» por cada Estado participante, por orden alfabético, por lo que se espera que el primer país que lo dirija sea Argentina, y deberá celebrar su primer encuentro en los próximos 90 días, mientras que en un plazo de 180 días, las autoridades y entidades técnicas pertinentes de los cinco países mantendrán otra reunión para «revisar el estado de avance del compromiso asumido».
Asimismo, se espera que el grupo realice propuestas «en materia de seguridad, inteligencia financiera y tributaria, trazabilidad y control migratorio y control fronterizo y toda otra materia que, en el marco de sus trabajos, las partes técnicas identifiquen y consensuen como de interés común».
«El presente compromiso constituye una declaración política y programática, destinada a orientar y fortalecer la cooperación y coordinación regional entre los Estados participantes, frente a la delincuencia organizada transnacional», han señalado en su declaración, asegurando que siempre se acatará el «pleno respeto a la soberanía nacional y en conformidad con el derecho interno y los compromisos internacionales de cada parte».
Los países firmantes, que no han avanzado ninguna medida a estudiar en conjunto, han subrayado la importancia del acuerdo «dada la naturaleza esencialmente transnacional de esta amenaza» y al considerar que «los esfuerzos de cada país, aun siendo relevantes y necesarios, no resultan suficientes por sí solos», por lo que entienden que «deben complementarse con una respuesta regional más articulada, coordinada, sostenida y eficaz entre los Estados».
