Miles de personas y seguidores de una secta filipina han salido a la calle este para protestar por la posible detención de un senador perteneciente a la Iglesia Ni Cristo (INC) y cercano a la vicepresidenta del país, Sara Duterte, que hace frente a un proceso de destitución.
Las protestas, que han provocado cortes en el tráfico, se han producido después de que la Fiscalía apuntara a que el senador, Rodante Marcoleta, podría ser imputado por malversar fondos de una campaña por valor de unos 75 millones de pesos (alrededor de un millón de euros).
La INC ha sido históricamente un poderoso bloque electoral vinculado a la dinastía política de Duterte y su familia, por lo que se considera que Marcoleta votará casi con seguridad en contra del impeachment de Duterte, en un juicio ante el Senado previsto para la próxima semana.
Sin embargo, desde el Gobierno estiman que Marcoleta podría haber evitado de forma deliberada declarar la entrada de grandes cuantías de dinero de contribuciones destinadas a la campaña electoral.
La propia Duterte ha apoyado las protestas de este martes ante la inminente detención de su aliado y ha asegurado en un comunicado que esto muestra el «creciente sentimiento» que existe contra el actual presidente, Ferdinand Marcos Jr., con cuya familia la suya mantiene una disputa política que se remona a años atrás.
«La Administración ha instrumentalizado el sistema judicial presentando denuncias y encarcelando a personas que se atreven a denunciar la supuesta corrupción y los abusos en Malacañang (residencia oficial del presidente), a cuestionar la competencia de la administración o a criticar al presidente, incluidas las acusaciones relativas a su consumo de drogas», ha afirmado Duterte.
Recientemente, los fiscales presentaron cargos contra otro aliado de Duterte, el senador José Estrada, por su presunta implicación en un escándalo de corrupción masiva relacionado con proyectos fraudulentos de control de inundaciones.
Un tercer aliado de Duterte, el senador Ronald Dela Rosa, se encuentra prófugo de la justicia tras escapar por poco de ser arrestado en virtud de una orden del Tribunal Penal Internacional (TPI), cuyos fiscales a puntan a que desempeñó un papel importante en la sangrienta guerra contra las drogas encabezada por el expresidente filipino Rodrigo Duterte, padre de Sara Duterte.
