El ministro de Defensa de Filipinas, Gilberto Teodoro Jr., ha acusado este domingo a China de «falta de sinceridad e hipocresía» tras el rechazo de la Embajada de Pekín a una declaración oficial que exigía el cumplimiento del histórico fallo arbitral de 2016 sobre el control del Mar de China Meridional, otorgado a Manila.
«El comunicado de la Embajada china en respuesta a nuestro Ministerio de Exteriores es una ventana a las verdaderas intenciones del Partido Comunista Chino en sus relaciones con nuestro país», ha afirmado Teodoro, el cual tiene prohibida la entrada al país asiático desde el pasado 11 de junio.
Las tensiones han vuelto a florecer después de que el Gobierno filipino condenara la persistente negativa de Pekín a reconocer el laudo de la Corte Permanente de Arbitraje, insistiendo en que la resolución es «definitiva y vinculante».
Teodoro ha tachado la reacción de Pekín de «arrogante muestra de indignación engañosa» y ha sentenciado que «lo que dicen ya no es creíble, por eso están recurriendo a la agitación».
A pesar de la escalada verbal en el contencioso marítimo, el ministro ha recalcado que el Gobierno filipino mantendrá su postura soberana en la zona frente a las incursiones chinas. «No seremos oprimidos», ha concluido el funcionario.
La relación entre Pekín y Manila es compleja debido a las constantes disputas territoriales con embarcaciones que navegan por el mar de China Meridional, que limita con China y varios países del sudeste asiático, incluyendo Filipinas, una zona que ha sido una fuente de tensiones geopolíticas durante décadas.
Pekín ha tomado medidas reiteradas contra los buques filipinos, a los que acusa de entrar en aguas que reclama como suyas. Dichas aguas en disputa están atravesadas por rutas marítimas vitales para el comercio mundial, y sus fondos marinos podrían contener reservas de petróleo y gas.
El Tribunal Permanente de Arbitraje dio la razón en julio de 2016 a Filipinas en su disputa marítima con China y determinó que este último país no tiene ningún derecho «histórico» para reclamar las áreas marítimas que entran en la 'línea de los nueve puntos', establecida en 1947.
