El Tribunal del Distrito Central de Seúl, capital de Corea del Sur, ha condenado este viernes al expresidente Yoon Suk Yeol a 30 años de prisión por ordenar una operación con drones en Corea del Norte en aras de generar un pretexto para su polémica declaración de la ley marcial en diciembre de 2024.
Además de la sentencia dictada en contra de Yoon, la Justicia surcoreana ha condenado a otros 30 años de cárcel al exministro de Defensa Kim Yong Hyun, a 15 al exjefe del Mando de Contrainteligencia de Defensa Yeo In Hyung, y al exjefe del Mando de Operaciones con drones Kim Yong Dae a tres años de prisión, suspendida por cinco años, según ha informado la agencia de noticias surcoreanas Yonhap.
Esta decisión responde a una petición formulada por la Fiscalía especial surcoreana el pasado mes de abril en la cual se solicitaban 30 años de cárcel para el expresidente, así como 25 para el exministro de Defensa Kim Yong Hyun.
De acuerdo con los argumentos aportados por la Fiscalía entonces, aquel despliegue de drones en octubre de 2024 tenía como objetivo forzar a Pyongyang a lanzar represalias contra el país, algo que sería usado como pretexto por Yoon para justificar su declaración de ley marcial, anulada y que posteriormente llevó a su cese y encarcelamiento.
Yoon fue condenado en febrero a cadena perpetua tras ser declarado culpable de encabezar una insurrección, en relación con su decisión de declarar en diciembre de 2024 la ley marcial en el país asiático. El tribunal rechazó la petición de la Fiscalía de imponer la pena de muerte al exmandatario.
El expresidente surcoreano ya había sido condenado previamente a cinco años de cárcel por varios de los delitos que se le imputaban en el marco del caso por la declaración de la ley marcial, entre ellos el de obstrucción a la justicia —unos cargos relacionados con el continuo bloqueo a su propia detención—, abuso de poder y falsificación y destrucción de documentos.
La ley marcial impuesta en diciembre de 2024 fue anulada varias horas después por la Asamblea Nacional, que aprobó una resolución exigiendo su retirada. En las semanas siguientes, los diputados votaron a favor de destituir al presidente y, en abril de 2025, fue finalmente cesado después de que el Tribunal Constitucional confirmara el proceso de impeachment contra él.
