Naciones Unidas ha condenado este jueves la represión de las protestas antigubernamentales registradas la semana pasada en la capital de República Democrática del Congo (RDC) y ha reclamado investigaciones «imparciales» y «transparentes» sobre estos actos de violencia, que se saldaron con al menos un muerto y alrededor de 40 heridos.
«Condenamos la violencia perpetrada la semana pasada contra los manifestantes que se congregaron en la capital, Kinshasa, para oponerse a lo que consideran intentos de enmendar la Constitución para permitir que el presidente en ejercicio se presente a un tercer mandato», ha dicho el portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Seif Magango.
Así, ha resaltado que entre los 38 heridos figuran líderes opositores y ha recordado que el Gobierno congoleño «tiene la obligación de facilitar las asambleas pacíficas y proteger a los participantes». «Cualquier uso de la fuerza por parte de las fuerzas del orden debe ser estrictamente el último recurso y cumplir plenamente con las limitaciones que le impone el Derecho Internacional de los Derechos Humanos», ha manifestado.
Magango ha especificado además que el jefe de la oficina, Volker Turk, aplaude el anuncio de las autoridades sobre una investigación en torno a los hechos, antes de agregar que «pide que estas investigaciones sean efectivas, independientes, transparentes e imparciales, así como que todos los responsables de conductas que puedan equivaler a violaciones de los Derechos Humanos sean llevados ante la justicia, en un proceso que respete las garantías procesales».
En esta línea, ha hecho hincapié en que el jefe de Derechos Humanos de la ONU reclama además a las autoridades de RDC que «respeten y garanticen el disfrute total de todas las libertades de expresión, asociación y asamblea pacífica de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2028».
La oposición denunció el viernes la muerte de dos personas por la represión policial de las últimas movilizaciones, antes de agregar que tres de sus principales dirigentes habían resultado heridos en las protestas contra un cuestionado proyecto de referéndum ya aprobado por la Asamblea Nacional que podría desencadenar una reforma constitucional dentro de dos años, cuando expira el mandato del actual presidente, Félix Tshisekedi.
La propuesta ha provocado un amplio rechazo entre la oposición, que acusa al jefe de Estado de intentar allanar el camino para presentarse a un tercer mandato —algo prohibido por la actual Carta Magna— y ha hecho ya una convocatoria para movilizaciones a nivel nacional durante la jornada del 8 de julio.
De hecho, a principios de mayo, Tshisekedi se mostró abierto a un escenario que podría conducir a un tercer mandato mediante una reforma constitucional e incluso un posible aplazamiento de las elecciones. «No he pedido un tercer mandato, pero les digo esto: si el pueblo quiere que tenga un tercer mandato, lo aceptaré», declaró en rueda de prensa desde Kinshasa.
Tshisekedi, que ocupa el cargo desde 2019, ya puso sobre la mesa en 2024 la posibilidad de modificar la Carta Magna y anunció planes para crear una comisión de expertos dedicada a revisarla, lo que ya provocó que la oposición le acusara de intentar impulsar modificaciones que le permitieran volver a concurrir a las urnas.
