Las autoridades de Burkina Faso han anunciado la prohibición de actividades de cerca de 120 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas varias dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos, citando violaciones no especificadas de la legislación en vigor.
El Ministerio de Administración Territorial y Movilidad burkinés ha indicado en un comunicado que la medida afecta a 118 organizaciones, "de conformidad con las disposiciones legales aplicables", un paso que entra en vigor de forma inmediata, según ha recogido la agencia estatal burkinesa de noticias, AIB.
"Estas asociaciones tienen prohibido operar en todo el territorio nacional. Quienes infrinjan esta norma estarán sujetos a las sanciones estipuladas en la normativa vigente", ha explicado, antes de recalcar que las autoridades "saben que pueden contar con el alto sentido del deber cívico y la responsabilidad de todos".
El paso de Uagadugú se enmarca en una ley aprobada en julio de 2025 que incrementa de las obligaciones administrativas y financieras de las organizaciones civiles bajo el argumento de luchar contra la corrupción, el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
Burkina Faso está gobernado por una junta militar denominada Movimiento Patriótico de Salvación y Restauración (MPSR), desde el golpe de Estado de 2022, que derivó en el nombramiento como presidente interino de Paul-Henri Sandaogo Damiba, quien meses después fue apartado del poder en una segunda asonada que elevó al poder al actual presidente de transición, Ibrahim Traoré.
El país africano había experimentado previamente un aumento significativo de la inseguridad desde 2015, con ataques por parte de las filiales de Al Qaeda y Estado Islámico que han contribuido a incrementar la violencia intercomunitaria, por lo que las nuevas autoridades prometieron mano dura a la hora de hacer frente a la amenaza de los grupos yihadistas y a la amenaza de su expansión en el Sahel.
