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El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha presidido este martes en Sevilla la firma del acuerdo con las organizaciones sindicales CSIF, UGT y CCOO para la mejora del empleo público y la prestación de servicios «de calidad» en desarrollo de la Ley de Función Pública de Andalucía. Moreno ha destacado que se cumple con una «deuda pendiente» como es situar a los empleados públicos andaluces en «la media salarial» de las administraciones públicas de España.
El acuerdo ha sido firmado, este martes en un acto celebrado en el Palacio de San Telmo de Sevilla, por el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto; el secretario de Negociación de CSIF Andalucía, Manuel Moreno Gómez; el secretario general de UGT Servicios Públicos Andalucía, Antonio Tirado, y el secretario general de la sección sanidad y sectores sociosanitarios de CCOO-A, José Pelayo. El alcance económico del acuerdo será de 250 millones para un horizonte de cinco años.
Durante su intervención después de la firma del acuerdo, Juanma Moreno ha destacado el «esfuerzo, compromiso e interés» de los sindicatos por «sacar adelante un acuerdo que es muy importante para el sector público andaluz», al tiempo que ha valorado el «trabajo importante» que se ha hecho desde la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, con José Antonio Nieto al frente.
Entre las mejoras que supone el acuerdo firmado, se incluyen las condiciones laborales y salariales de 80.000 trabajadores del sector público andaluz entre personal funcionario, laboral, justicia y el conjunto del personal que trabaja en el sector público instrumental.
El acuerdo alcanzado en la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral, como desarrollo de la Ley de Función Pública de Andalucía, entró en vigor el pasado 3 de diciembre tras la publicación del mismo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del 2 de diciembre.
Juanma Moreno ha puesto de manifiesto el «clima de lealtad institucional, de respeto y de altura de miras» por parte de los firmantes para alcanzar un acuerdo «histórico» que afectará a colectivo importante, como es el de los empleados públicos andaluces, y que tiene la «ambición» de «marcar un antes y un después en la forma en que esta administración quiere relacionarse con los andaluces y andaluzas para serles mucho más útiles y ser más accesible».
Asimismo, el presidente ha destacado que, en un tiempo en el que el acuerdo «brilla por su ausencia prácticamente en todos los rincones de España», Andalucía lanza un «poderoso ejemplo» y recupera «el valor de la negociación colectiva en la función pública».
«No se trata sólo de mejorar condiciones laborales, sino también de transformar la administración», ha agregado Juanma Moreno, quien ha expuesto que se apuesta por una administración «más moderna y, por tanto, más eficaz, y para centrarla en las personas». «Salen beneficiados prácticamente los casi nueve millones de personas que utilizan nuestros servicios públicos a través de la administración andaluza», ha apuntado.
«El diálogo social está más vivo y más fuerte que nunca en Andalucía», ha dicho el presidente, quien ha señalado que se trata de dar un impulso definitivo a la administración autonómica con un objetivo claro: «modernizar y mejorar la estabilidad del empleo público, así como la formación y promoción de dicho personal, para garantizar una prestación de servicios a la ciudadanía de calidad, más humanizada, ágil y directa».
En definitiva, según Moreno, afrontamos «la gran y esperadísima reforma que demandaba la administración andaluza para adaptarse a lo que los andaluces esperan de ella». «Con acuerdos como éste, Andalucía protagoniza su mejor historia, la que nace del acuerdo entre sensibilidades muy distintas y, a veces, encontradas; hoy es un día para sentirnos orgullosos de lo que somos capaces de construir juntos, con altura de miras, y ahora toca desarrollar lo firmado», ha señalado.
Por su parte, el secretario de Negociación de CSIF Andalucía, Manuel Moreno Gómez, ha señalado en el acto el acuerdo recoge medidas que «responden a demandas históricas y que nos permiten construir una administración más moderna, ágil y eficiente» y que debe aspirar a ser la mejor «carta de presentación de Andalucía y la que genere la igualdad y la cohesión social entre nuestros ciudadanos».
Ha dicho que, durante toda su vigencia, estarán vigilantes para garantizar que lo acordado se «cumpla en tiempo y forma, empleando los mecanismos necesarios, si fuese preciso».
El secretario general de UGT Servicios Públicos Andalucía, Antonio Tirado, ha indicado que estamos ante un «magnífico acuerdo» del que son beneficiarios los empleados públicos y el conjunto de los andaluces. Ha indicado que no ha sido «fácil» lograr el acuerdo, que ha sido «muy trabajado» y ha requerido «mucha dedicación y mucho sacrificio».
«Este acuerdo viene a mejorar los servicios públicos, la gestión pública para darle un mejor servicio al conjunto de nuestros ciudadanos y ciudadanas», ha indicado.
El secretario general de la sección sanidad y sectores sociosanitarios de CCOO-A, José Pelayo, ha señalado que se han «dejado cuestiones en el tintero en aras del consenso para sacar adelante un acuerdo que impulsará los servicios públicos y beneficiará a la ciudadanía andaluza». «CCOO quería más, pero hemos obtenido un acuerdo que es bueno para los trabajadores y las trabajadoras públicas y para la ciudadanía porque el objeto ha sido preparar a los profesionales para unos servicios públicos útiles para la ciudadanía», ha dicho.
La entrada en vigor de este acuerdo será con carácter retroactivo, desde el 1 de enero de este 2025, una vez publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2030. Su alcance económico será de 250 millones de euros para un horizonte de cinco años, con un reparto de 50 millones por ejercicio.
Del paquete de iniciativas que incorpora este acuerdo laboral para los funcionarios autonómicos destaca la creación de la carrera profesional, que se introduce a imagen y semejanza de la existente en el ámbito sanitario. Al igual que sucede aquí serán los propios empleados quienes tendrán que solicitar su aplicación. Este reconocimiento se aplicará con efectos desde el 1 de enero de este 2025.
El Gobierno andaluz ha remarcado que «el acuerdo moderniza en profundidad el sistema retributivo» por cuanto propicia la progresiva sustitución del complemento específico por un nuevo complemento de puesto, que ha calificado de «más claro, homogéneo y vinculado a los criterios de responsabilidad, dedicación y dificultad técnica», además de destacar que «pone fin a desigualdades históricas y refuerza la coherencia interna del modelo».
El compromiso del Gobierno andaluz es «culminar» la implantación del VII Convenio Colectivo, que sustituirá al aún vigente, firmado en 2002, y que supondría dotar al personal laboral de un marco actualizado que incorpore los requisitos de la Ley de Función Pública.
El acuerdo prevé desarrollar una nueva reorganización de los recursos técnicos y sanitarios de prevención de riesgos y salud laborales, mediante la reconfiguración del Servicio de Prevención Propio, que facilite la integración real y efectiva de la prevención en la Junta de Andalucía, la adecuada distribución y dimensionamiento de recursos preventivos y la implicación del personal directivo.
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