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El ala socialista del Gobierno justifica la decisión de separar la renovación automática de los contratos de alquiler en un segundo real decreto ley para no poner en riesgo un paquete de medidas ambiciosas en materia de Vivienda, pactadas previamente con los socios parlamentarios, y que tienen muchas posibilidades de salir adelante este viernes en el Congreso de los Diputados.
El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado finalmente dos reales decretos en materia de vivienda —el primero de ellos el más amplio— que incluye la mayoría de medidas, como la prohibición de los desahucios hasta 2030, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, la prohibición de compra de vivienda a fondos buitre hasta 2028 y también ayudas fiscales a propietarios.
Este texto es el más trabajado con los grupos y por tanto en Moncloa confían en que podrán convalidarlo este viernes 2 de octubre en un pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados, con el apoyo de sus socios a derecha e izquierda.
Los más reticentes son Junts y Podemos pero los socialistas se muestran convencidos de que tendrán los apoyos suficientes. Con que uno de los dos vote a favor y el otro se abstenga, el decreto tendría luz verde, siempre y cuando el resto de la mayoría de la investidura también vote 'sí' (ERC, Bildu, PNV, Coalición Canaria y BNG).
En el segundo decreto, el de la prórroga automática de los alquileres, los apoyos no están tan claros y en el Gobierno admiten que es un tema más «novedoso», menos trabajado con los grupos y por tanto no conocen a fondo su posición sobre este punto en concreto.
Se trata de una exigencia que ha puesto encima de la mesa el Sindicato de Inquilinas y que Sumar ha recogido a última hora y por tanto, según explican fuentes gubernamentales, decidieron separarlo en un segundo decreto. De esta forma, apuntan, garantizan la aprobación de un paquete de medidas ambicioso y acordado previamente y no ponen en riesgo la votación.
En todo caso, consideran que hay posibilidades de que este decreto también salga adelante y consideran que el contexto social actual puede llevar a los grupos a apoyarlo, debido al impacto mediático y la sensibilidad de este asunto. «Es una oportunidad histórica», subrayan.
El desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 años del barrio de Retiro (Madrid) expulsada de su hogar y la posterior acampada de protesta en la Puerta del Sol, que todavía continúa, han supuesto un punto de inflexión, a juicio del Gobierno, que ha espoleado a los grupos a pactar unas medidas que hace solo una semana parecían estancadas.
En Moncloa admiten que están dispuestos a aprovechar este contexto social para aprobar también este segundo decreto y hacen un llamamiento a los grupos. «No hay ningún motivo para votar en contra», advierten.
Asimismo, respecto a la acampada de unas 600 personas en Sol, en el Ejecutivo evitan cualquier crítica y defienden que se trata de una concentración cívica y pacífica que surgió de manera espontánea y aseguran que la apoyan.
Por tanto no contemplan cumplir el requerimiento realizado por la Comunidad de Madrid a la Delegación del Gobierno para que desaloje la plaza en 48 horas e insisten en que sería una competencia de la Policía Municipal de la capital.
