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La Fiscalía de Bolivia ha solicitado este viernes prisión provisional durante seis méses para el fiscal general, Roger Mariaca, y los magistrados Alberto Zeballos y Martín Irusta, detenidos esta semana bajo acusaciones de narcotráfico.
El Ministerio Público ha imputado formalmente a los tres fiscales así como al agente de Policía Rubén Aparicio, por los presuntos delitos de tráfico de drogas y organización criminal, solicitando que permanezcan bajo custodia en las cárceles de San Pedro y Patacamaya, en la capital boliviana, La Paz.
El viceministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, así lo ha anunciado durante una sesión del Parlamento, después de que las autoridades hayan detenido a los cuatro acusados y otras diez personas en la misma causa.
Este mismo viernes, el fiscal del departamento de La Paz, Luis Carlos Torrez, ha presentado su renuncia al cargo, después de que la Policía haya registrado las oficinas de la Fiscalía, que mantiene acordonadas.
El episodio tiene lugar en un momento en el que Estados Unidos ha puesto el foco sobre el fiscal general y otros altos cargos y ex altos cargos de Bolivia, a los que ha prohibido la entrada en el país y aplicado sanciones.
En concreto, el Departamento de Estado norteamericano señala a Mariaca por «abusar de posición pública para pedir y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia».
