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La Audiencia Nacional (AN) ha ordenado al Gobierno que no ejecute de momento la resolución impulsada para instalar un campamento en el Puerto de Ceuta en el que atender a los migrantes que llegaron a la ciudad autónoma en la entrada masiva de finales de julio.
Mediante una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la AN comunica al Ministerio de Transportes la decisión de que «no se puede ejecutar la resolución u orden referidas» hasta que «se resuelva» la medida cautelar urgente pedida por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que interpuso recurso reclamando su «paralización inmediata».
Los magistrados también requieren a Transportes, «con carácter previo» a resolver la medida cautelar urgente solicitada por el SUP, que «con la mayor urgencia» le remita este mismo miércoles por vía telemática la mencionada resolución u orden, así como el resto de documentación que obre en el expediente administrativo tramitado.
El sindicato policial presentó un recurso contra la resolución de Transportes que permite utilizar aproximadamente 16.000 metros cuadrados del Puerto de Ceuta para instalar un dispositivo temporal de acogida con capacidad para cerca de 1.000 personas.
Al dar a conocer su iniciativa, el SUP abogó por alternativas de acogida que reduzcan la presión sobre la ciudad, «como la utilización temporal de un buque-hotel, frente a soluciones improvisadas en ubicaciones que pueden generar nuevos problemas de seguridad».
«No cuestionamos la atención humanitaria. Cuestionamos que se improvise una ubicación de estas características sin acreditar previamente todas las garantías de seguridad», señaló en un comunicado.
El SUP aludió a los incendios registrados en distintos asentamientos de la ciudad autónoma al entender que evidencian la necesidad de evaluar previamente los riesgos de incendio, evacuación y actuación ante una emergencia, tanto para las personas acogidas y los usuarios y trabajadores del puerto como para los policías que tendrán que intervenir.
Por ello, reclamó la adopción de medidas cautelarísimas y la suspensión inmediata de la instalación y puesta en funcionamiento del campamento hasta que se acrediten las condiciones de compatibilidad portuaria, protección, emergencias y prevención de riesgos laborales.
«Si el dispositivo estuviera ya parcialmente instalado, el sindicato solicita que se paralice cualquier ampliación y que no se deriven nuevas personas a este emplazamiento», indicó.
El sindicato añadió que demandan medidas como «refuerzos policiales estables especialmente en Extranjería, Fronteras y Seguridad Ciudadana» o la actualización de las plantillas y del catálogo de puestos de trabajo, así como compensaciones económicas para los policías que están soportando esta situación extraordinaria.
