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El Gobierno de Irán ha acusado al mecanismo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de intentar «encubrir» las agresiones cometidas por Estados Unidos e Israel, después de que la relatora especial Mai Sato publicara un informe en el que denuncia que Teherán ha aprovechado el actual conflicto regional para intensificar la represión, las detenciones y las ejecuciones de disidentes.
El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha criticado el mandato impuesto en el Consejo de Derechos Humanos, al que califica de estar motivado políticamente por Reino Unido. En un mensaje publicado en sus redes sociales, Baqaei ha asegurado que explotar la figura de la relatora especial para culpar a Irán de los crímenes cometidos por Washington y Tel Aviv equivale a un «intento deliberado de encubrir la agresión, las atrocidades y las medidas coercitivas unilaterales». Asimismo, ha tachado este enfoque de «profundamente engañoso e hipócrita».
Las declaraciones de Baqaei se producen en respuesta al reciente texto presentado a la Asamblea General de la ONU por la relatora especial. En dicho informe, Sato concluye que, entre febrero y agosto de 2026, la población civil iraní ha quedado atrapada entre la «agresión externa» y la «represión interna». Según el documento, el conflicto armado internacional de Irán con Estados Unidos e Israel y las acciones de las autoridades de Teherán han agravado mutuamente los daños sufridos por la población.
La relatora advierte de que la guerra no ha aflojado la represión del Gobierno iraní sobre su propia ciudadanía, sino que la ha endurecido, prosiguiendo de forma incesante las ejecuciones arbitrarias y los presuntos homicidios ilegítimos cometidos por las fuerzas de seguridad estatales.
En este sentido, la ONU acusa a Teherán de utilizar los poderes de tiempos de guerra en su propio territorio para enmarcar las protestas como acciones orquestadas por Estados Unidos e Israel, reformular a los manifestantes como agentes de los Estados atacantes y presentar cargos de espionaje contra expresiones pacíficas.
Además, el organismo internacional denuncia que el Gobierno iraní impuso un corte de las telecomunicaciones de tres meses de duración que, además de destruir los medios de subsistencia de la población, sirvió para ocultar dichas ejecuciones y desapariciones forzadas llevadas a cabo durante esas mismas semanas.
