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El Ministerio Fiscal ha remitido un escrito a la Audiencia Nacional en el que interesa que, «dado el tiempo transcurrido», se resuelva el incidente de ejecución promovido en mayo de 2025 relativo al proyecto de clausura de las balsas de fosfoyesos de Fertiberia en Huelva —proyecto Restore 20/30—.
En dicho escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía solicita que se ordene a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental modificar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) al considerar que las medidas preventivas y correctoras resultan «insuficientes e ineficaces».
El Ministerio Público fundamenta su petición en el contenido del 'Sexto informe de seguimiento y control' aportado por la Administración responsable, señalando que este documento se sitúa «en consonancia, y confirmatorio por la vía de los hechos, con las conclusiones del Dictamen de fecha 4 de diciembre de 2024, del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses».
En este sentido, la Fiscalía advierte de la gravedad del «daño medioambiental generado y que se continúa generando —a las aguas, hábitat, especies, suelo y atmósfera—, así como el riesgo grave para la salud de las personas».
Por ello, reclama la aplicación de un artículo de la Ley de Evaluación Ambiental (LEA) —en concreto, el artículo 44.1.c— para modificar la DIA y adoptar, en su caso, medidas de «reparación primaria, complementaria y compensatoria» adecuadas y suficientes para la protección del entorno.
Por su parte, la formación política Mesa de la Ría ha destacado este miércoles el pronunciamiento del fiscal, al considerar que «respalda» las advertencias y alegaciones que la organización formuló el pasado mes de septiembre.
La formación ha lamentado que la falta de resolución de este incidente tras más de diecisiete meses mantiene suspendido, por prejudicialidad, su recurso contencioso-administrativo contra la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de Fertiberia ante los tribunales de Huelva.
El portavoz de Mesa de la Ría, Rafael Gavilán, ha advertido de que esta dilación «puede vaciar de eficacia el control judicial», alertando de que «cuando llegue la sentencia, las obras podrían estar prácticamente terminadas». «No es aceptable que Fertiberia continúe ejecutando las obras mientras nuestra demanda contra la autorización ambiental permanece paralizada», ha aseverado.
Asimismo, la organización ha llamado la atención sobre las «deficiencias técnicas» que, según sostiene, la propia Fertiberia habría reconocido en sede judicial respecto a la barrera perimetral ideada para frenar el flujo de agua entre los fosfoyesos y la marisma.
Según Mesa de la Ría, la compañía «admitió valores de conductividad hidráulica entre diez y cien veces superiores» a los de laboratorio, lo que habría motivado la suspensión temporal de estos trabajos, además de «reconocer la acumulación de más de 320 millones de litros de agua» en las balsas tras «dos años sin bombear» entre zonas.
Por último, Mesa de la Ría ha defendido que la DIA aprobada en septiembre de 2020 ha quedado «desfasada» frente a los avances en materia de economía circular y reciclaje de materias primas estratégicas.
A este respecto, ha aludido a iniciativas como el proyecto europeo FIC-Fighters —financiado con casi diez millones de euros comunitarios para el aprovechamiento sostenible de los fosfoyesos con residuo cero— o los estudios del Comité de Expertos —integrado por el CSIC y las universidades de Huelva, Sevilla y Granada— sobre la extracción de tierras raras.
«Los fosfoyesos no desaparecen porque se cubran de tierra, y la contaminación no se resuelve simplemente escondiéndola», ha zanjado Gavilán, exigiendo a la Audiencia Nacional que resuelva el incidente y examine a fondo alternativas de recuperación antes de consolidar el sellado definitivo.
