El Juzgado de Primera Instancia Número 45 de Madrid ha condenado a la secretaria general y diputada de Podemos, Ione Belarra, a pagar 9.000 euros de indemnización al exmagistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por llamarle «corrupto» y prevaricador.
Así consta en una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, después de que García Castellón demandara a Belarra tras esas palabras que vertió sobre él en redes sociales a raíz de su jubilación y que «constituyen una intromisión ilegítima del derecho al honor», indica el titular del juzgado.
También condena a Belarra a que difunda el contenido de la sentencia en su perfil de la red social 'X', «en la que se produjo la intromisión en el derecho al honor, o en otro medio con semejantes características».
«No parece dudoso que las expresiones utilizadas y acreditadas son objetivamente injuriosas y gravemente vejatorias», señala el juez, que añade que esas manifestaciones «constituyen la atribución directa al demandante de la condición de delincuente y corrupto».
El juez apunta que, «para cualquier ciudadano, al margen de su profesión, constituye la imputación más grave que puede hacerse, solo graduable en función del delito de que se trate».
Y para alguien de la carrera judicial, continúa, «la imputación del delito de prevaricación es, quizá con el cohecho, la peor de las que profesionalmente cabe atribuir a un juez o magistrado, lo que tampoco parece requerir de más explicaciones».
«La demandada se limita a la simple y pura descalificación profesional del demandante, sin acotación alguna más allá de la muy genérica referencia al propósito de proteger al PP y perjudicar a Podemos, todo ello bajo la premisa esencial de que se trata de una persona corrupta y prevaricadora», apostilla.
PEDÍA 350.000 EUROS
García Castellón denunció un «daño moral» por esas declaraciones y reclamó ser indemnizado por Belarra con 350.000 euros o la cantidad que «tenga a bien fijar el juzgado teniendo en cuenta los antecedentes de la demanda, dada la gravedad de la lesión producida y la amplia divulgación de la misma».
Para el antiguo instructor de la Audiencia Nacional, no cabía duda de que «las expresiones empleadas por la señora Belarra carecen de un interés general legítimo y resultan ultrajantes y ofensivas». Además, recordó que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ya fijó que la libertad de expresión, «aunque tiene un ámbito amplio de protección, no es ilimitada».
Belarra, por su parte, defendió públicamente que los calificativos que empleó son propios del ejercicio inherente a su condición de diputada, dentro de su libertad parlamentaria para valorar la actuación de García Castellón.
El magistrado jubilado en 2024 presentó en un primer momento su demanda ante el Tribunal Supremo, que determinó que no es el órgano competente para dirimirla porque las palabras que dirigió Belarra —aforada ante el alto tribunal por su condición de diputada— en redes no las profirió «en el ejercicio de su cargo».
La Sala de lo Civil del Supremo señaló que la competencia correspondía a los juzgados de primera instancia y dejó en manos de García Castellón impulsar el caso en los mismos. La sentencia puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid.
