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Sumar quiere que el Congreso se pronuncie sobre la conveniencia de que España se replantee la organización del Mundial de Fútbol del año 2030 con Marruecos tras la crisis migratoria que tuvo lugar la semana pasada en Ceuta y que inste al Gobierno a estudiar esa posibilidad junto con la FIFA, la Federación Española de Fútbol y el Gobierno de Portugal, el tercer país organizador.
Así consta en la proposición no de ley que ha registrado en el Congreso el grupo minoritario del Gobierno, una iniciativa que lleva la firma, entre otros del diputado de Izquierda Unida, Nahuel González, quien el pasado lunes ya lanzó en X la idea de romper la alianza con Marruecos para este evento deportivo por
«El fútbol no puede servir para blanquearlo todo», asevera Sumar en el texto, recogido por Europa Press, en el que ya adelanta que si la FIFA rechazara esa revisión, el Gobierno debería poner sobre la mesa alternativas y «actuar de manera coherente con los principios democráticos y de derechos humanos» que sustentan la acción exterior de España.
En la iniciativa, recogida por Europa Press, Sumar defiende la necesidad de «realizar una revisión y evaluación específica del actual modelo de organización conjunta de la Copa Mundial de la FIFA 2030, a la luz de los graves acontecimientos ocurridos en la frontera de Ceuta», pero también de los «antecedentes señalados por el Parlamento Europeo y de los compromisos de derechos humanos asumidos por los países anfitriones».
En este punto recuerda que en su Resolución de 10 de junio de 202l sobre la crisis migratoria que se registró entonces también en Ceuta, el Parlamento Europeo rechazó expresamente "el uso por parte de Marruecos del control fronterizo y de la migración, en particular de menores no acompañados, como mecanismo de presión política contra España.
Sumar, que quiere que el Gobierno informe al Congreso de las conclusiones de esa revisión, también busca que, «con pleno derecho su autonomía» se pida a la Federación Española de Fútbol que active los mecanismos institucionales previstos por la FIFA para revisar el cumplimiento del artículo 3 de sus Estatutos, que «compromete expresamente a la organización con el respeto de los derechos humanos internacionalmente reconocidos».
El grupo plurinacional solicita, asimismo, que la federación reclame una «evaluación independiente, pública y actualizada de riesgos para los derechos humanos» en países anfitriones, «promoviendo a su vez mecanismos permanentes de seguimiento de dichos compromisos durante todo el ciclo de preparación del torneo».
Sumar quiere hacer partícipe al Congreso de todo este proceso de revisión y emplaza al Gobierno a enviar a la Cámara en un plazo máximo de seis meses «un informe sobre las garantías asumidas, los fondos públicos comprometidos, los instrumentos contractuales existentes, las alternativas al actual modelo de coorganización y las consecuencias de cada escenario».
También exige que el Gobierno comparezca en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes para dar cuenta de todas sus gestiones en esta materia, que deberían incluir la evaluación del «impacto de los acontecimientos ocurridos en la frontera de Ceuta sobre los compromisos de derechos humanos vinculados al torneo» y el planteamiento de actuaciones adicionales «si se acreditaran incumplimientos graves de los compromisos internacionales y de derechos humanos asumidos por cualquiera de los países anfitriones».
Otra de las peticiones de Sumar es que el Ejecutivo impulse ante la FIFA una reforma de los procedimientos de adjudicación y seguimiento de grandes competiciones para incorporar cláusulas «permanentes, independientes y exigibles de derechos humanos», incluida la posibilidad de retirar la condición de anfitrión cuando se produzcan incumplimientos graves".
Por último, el socio minoritario del Gobierno, que ya ha pedido ala ONU que investigue la actuación de Marruecos en la última crisis migratoria ceutí, aprovecha para solicitar también que se promueva «en los ámbitos bilateral, europeo e internacional», el «esclarecimiento independiente» de los hechos, la identificación de las personas fallecidas y desaparecidas, la depuración de las responsabilidades que correspondan y la adopción de mecanismos eficaces de alerta temprana, protección de menores y salvamento de vidas.
