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Varios sindicatos de la Policía Nacional han valorado este martes que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya cuantificado en 37 las diligencias previas abiertas por delitos de agresión sexual en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes a finales de julio, lo que en su opinión no permite que se siga hablando de inseguridad subjetiva por parte del Gobierno.
En un comunicado, Jupol ha reclamado que la seguridad en Ceuta «deje de gestionarse a golpe de crisis» y ha abogado por una mejor planificación mediante un «refuerzo urgente de las plantillas y de las unidades especializadas» de la Policía Nacional.
El sindicato se ha referido al dato facilitado por el CGPJ sobre las 37 agresiones sexuales, de las que 14 son menores de edad. Además, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha confirmado este martes que la delincuencia se ha incrementado un 60% en Ceuta desde la entrada masiva, en comparación con el mes de agosto y septiembre del año pasado.
«No estamos hablando de estadística; el Gobierno no puede limitarse a tomar nota de los datos y hablar de inseguridad subjetiva», ha sostenido Jupol, en referencia al término usado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha exigido multiplicar los medios del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) habilitado en una nave de El Tarajal con la incorporación de unos 190 policías «adicionales», acompañados de más puestos operativos y medios informáticos, para poder poner fin al «atasco» en el triaje de los migrantes.
Este sindicato ha explicado que actualmente se realizan unos 100 triajes diarios de migrantes para decidir quiénes pueden acogerse a asilo y quiénes deben ser retornados a Marruecos, pero que el objetivo debería ser completar unos 500 por jornada.
«El SUP no pide atajos legales. Pedimos policías, ordenadores y puestos operativos para que los procedimientos de asilo y, cuando legalmente corresponda, devolución o expulsión puedan tramitarse con agilidad. Ceuta no puede permitirse convertir un atasco administrativo de meses en otro problema permanente», ha concluido.
