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El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, considera que la compra, y posterior venta, de un ático por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid fue una operación para adquirir una vivienda oficial «a escondidas» haciendo un uso «dictatorial» y de los recursos públicos al estilo de una «república bananera» , y cree que todo eso «debería» pasarle factura a la presidenta Isabel Díaz Ayuso en las próximas elecciones autonómicas.
Respecto a la investigación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) piensa que debe dar más explicaciones, pero ve motivos suficientes para que la causa sea anulada porque las pruebas que marcan el origen de la investigación no se obtuvieron de manera adecuada.
En una entrevista con Europa Press, el ministro señala que si el Ejecutivo autonómico quería comprar una vivienda oficial para Ayuso, debería haberlo hecho con transparencia y no «a escondidas», toda vez que el motivo oficial de la operación era tener una vivienda para hacer reuniones de trabajo mientras se ejecutaban obras en la sede de la Puerta del Sol.
Puente también recrimina que esta compra se produjo al mismo tiempo que se pusieron a la venta «los dos áticos» en los que reside Ayuso con su pareja en este momento y cerca del lugar de residencia de otro familiar. «Todo a su medida y a escondidas», ha incidido.
«Esto se le ha tratado de ocultar al pueblo y se han utilizado los recursos públicos de una manera bastante despótica», señala Puente, que considera que este asunto debe esclarecerse en los juzgados porque se pueden haber utilizado «de manera completamente indebida». «Me hace gracia que se hable del 'dictador Sánchez', a mí esta forma de proceder me parece bastante dictatorial, más propia de una república bananera que de una democracia».
Sobre todo, añade, si se tiene en cuenta que después del verano se va a juzgar a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, que irá a juicio por varios delitos relacionados con el software de la Universidad Complutense y la participación de la asesora de Moncloa en actividades privadas.
Si el caso de Gómez ha terminado en juicio, apunta, este asunto también podría tener recorrido penal. «Si ponemos en la balanza lo que acabamos de conocer de la Comunidad de Madrid, vamos a ver qué hace la Justicia con este tema», señala.
Puente ha reprochado que hasta ahora no se ha dado una explicación «mínimamente razonable» porque, una vez que salió a la luz la operación, Ayuso anunció su venta junto a la de otros inmuebles para destinar los beneficios a los afectados por los recientes incendios en la Sierra Oeste.
También recrimina que desde el gobierno de la Comunidad de Madrid hayan intentado justificarlo, señalando que hay ministros y otros presidentes autonómicos que cuentan con vivienda oficial. «Si ese hubiera sido el debate desde el principio, las cosas habrían sido diferentes», ha señalado, incidiendo en que tendría que haberlo afrontado abiertamente y no decir que la vivienda era para uso laboral.
«Eso ahora no es una explicación válida teniendo en cuenta que esto se ha hecho a escondidas, se ha hecho a través de una sociedad mercantil, se ha hecho, desde mi punto de vista, en unos términos económicos absolutamente inaceptables», de 6,3 millones de euros, que «excede la categoría de una vivienda oficial».
Para Puente este caso «debería» costarle las próximas elecciones a Ayuso porque, dice, no se trata de una polémica aislada sino que forma parte «de un conjunto de cosas que han ido sucediendo en torno a su vida», aunque, apunta, no se atreve a pronosticar.
Por otro lado, respecto a la investigación judicial contra el expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, Puente considera que pesa una gran «sombra de nulidad» por la forma de obtener las pruebas que dieron inicio a las pesquisas. Aunque evita pronunciarse, admite que el exdirigente socialista debe dar explicaciones públicas.
«Este es un caso que se inicia a partir de la intervención de un teléfono en Estados Unidos en un aeropuerto hace seis años, que aparece en nuestro país en marzo de este año y que pronto se traduce en un procedimiento judicial contra él», explica el ministro que considera esta circunstancia «un obstáculo insalvable» y por tanto evita pronunciarse sobre el fondo del asunto.
Esa prueba inicial, cuya validez aún está pendiente de determinarse, fue la que inició el proceso y motivó el registro del despacho de Zapatero en el que aparecieron joyas millonarias, que llevaron al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama a abrir una pieza separada de la investigación principal, que versa sobre la influencia de Zapatero en el rescate público de la aerolínea Plus Ultra.
«Yo quiero saber si esa intervención telefónica se hizo o no con autorización judicial. Porque en mi país y en la Unión Europea, en el marco democrático en el que yo creo, esas cosas se hacen con autorización judicial, no las hace la policía en un registro fronterizo», ha insistido. Hasta que este punto no se aclare, dice, se niega a hacer una valoración pública.
Si se decretara la nulidad de la investigación, Zapatero no sería un «presunto delincuente» sino una «víctima de una operación» que al ministro le «huele a chamusquina». Además pone el acento en que esta prueba aparezca «cinco años después» cuando en España hay un Gobierno «bastante incómodo» para los Estados Unidos de Donald Trump.
No obstante, Puente considera que Zapatero se encuentra «en una situación en la que tiene que dar explicaciones públicas» más allá de las ofrecidas en TVE en el mes de julio.
