El Papa León XIV ha criticado este lunes ante el Congreso de los Diputados la «descalificación permanente del adversario» y ha abogado por «una justa delimitación del poder público».
«Dentro de las propias sociedades es urgente construir una cultura de la reciprocidad. La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz», ha asegurado el Pontífice.
A su vez, ha invitado a los diputados a «desarmar el lenguaje» porque «la firmeza no exige desprecio; la discrepancia no conlleva humillación».
Además, «sin confundir el plano jurídico con el moral», ha abogado por «una justa delimitación del poder público» y por «límites morales del poder».
«Ser libre no significa únicamente estar libre de coacciones o disponer de muchas posibilidades de elección; significa poder reconocer el bien y adherirse a él responsablemente. Por eso, toda sociedad efectivamente libre requiere también una justa delimitación del poder público, de modo que la libertad de las personas, de las comunidades y de las asociaciones no sea indebidamente restringida», ha subrayado.
Por otro lado, ha defendido que «la dignidad humana no puede quedar subordinada a consensos sociales mudables o al vaivén de las mayorías de cada momento» y ha denunciado tanto el aborto como la exclusión de las personas migrantes.
«¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deja en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás? La defensa de la vida humana no es una cuestión parcial ni un interés confesional: es una meta de civilización», ha defendido.
A su juicio, la «grandeza moral de una nación» se manifiesta «en su capacidad de proteger vidas que atraviesan mayor fragilidad». «Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas y la ley pierde su significado más profundo: servir y proteger a cada persona», ha insistido.
También ha avisado de que «el trágico drama migratorio interpela hoy la conciencia de las naciones y el fundamento ético del orden internacional» y «exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos».
En este sentido, ha afirmado que hay una «doble exigencia de justicia social: ofrecer vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración».
«Numerosos hombres, mujeres y niños se ven obligados, por circunstancias muchas veces dramáticas, a partir de sus comunidades y dejar atrás seres queridos, historias y vínculos. Esta realidad rebasa cualquier lectura puramente demográfica o económica: constituye una cuestión eminentemente moral y jurídica. Allí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica o social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de todos los seres humanos», ha aseverado.
Por otro lado, ha remarcado que «el mundo atraviesa una profunda crisis espiritual y cultural que se manifiesta en múltiples formas de violencia, polarización y desconfianza recíproca» y, en este contexto, ha apuntado que «la paz se presenta como una aspiración política».
Asimismo, ha defendido la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. «La libertad sobre la que se edifica el Estado contemporáneo, si es auténtica, reconoce la dimensión religiosa del ser humano, la respeta y tutela jurídicamente», ha abundado.
En este sentido, ha asegurado que «la legítima autonomía del orden temporal jamás debe interpretarse como hostilidad hacia el fenómeno religioso» y ha añadido que «la fe no pretende imponerse mediante privilegios ni coerciones» aunque «tampoco puede ser relegada al silencio como si fuese irrelevante para la vida pública».
Por otra parte, ha pedido tutelar jurídicamente «el sigilo sacramental de la confesión» como sucede «de modo análogo en algunas profesiones» con el fin de «preservar un espacio sagrado de libertad interior, donde el creyente puede abrir su alma ante Dios sin temor a presiones externas como reconocen también las normas internacionales».
En su discurso, el Papa ha aclarado que su intervención ante el Parlamento español quiere ser «un gesto de cercanía hacia España» y lo ha enmarcado en «la mutua cooperación y una palabra ofrecida desde el servicio a la persona humana», «respetando la misión propia de las instituciones y la legítima responsabilidad» de los legisladores.
