La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha reclamado que la Fiscalía pueda intervenir en procedimientos de desahucios que afecten a personas vulnerables, tras el desalojo de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada este miércoles de la casa en la que vivió desde hacía 70.
En un comunicado, UPF señala que el hecho de que el Ministerio Público no participe en algunos procedimientos de desahucio supone «una carencia» de carácter «legal e institucional» en el ordenamiento jurídico español.
La asociación celebra que en los últimos años se han aprobado «distintos mecanismos para evitar que la ejecución de un lanzamiento ignore situaciones de vulnerabilidad», que consisten en la intervención de los servicios sociales o la elaboración de informes, que arrojan circunstancias «que el juez debe ponderar».
«Sin embargo, no existe una previsión general que permita al Ministerio Fiscal intervenir específicamente en estos incidentes para defender los derechos de la persona vulnerable», remarca, poniendo de manifiesto que Fiscalía puede participar «en otros ámbitos» con personas especialmente vulnerables, pero no en los desahucios.
Por todo ello, pide, en concreto, que la Ley de Enjuiciamiento Civil «habilite expresamente la intervención del Ministerio Fiscal cuando un lanzamiento pueda afectar a menores, personas con discapacidad, personas dependientes, personas mayores o cualesquiera otras personas en situación de especial vulnerabilidad».
Esta propuesta no se dirige a «todos los procedimientos de desahucio», sino a la intervención «puntual y especializada, limitada a valorar la situación de vulnerabilidad, la suficiencia de las medidas de protección y, cuando resulte necesario, la actuación de las administraciones competentes». «Ahí tiene que estar el Ministerio Fiscal», remacha.
Y es que UPF considera que «un informe de los servicios sociales es imprescindible, pero informar sobre la vulnerabilidad no es lo mismo que defender jurídicamente a la persona».
Desde la asociación de fiscales indican que, en el caso de Maricarmen, no pretenden «cuestionar la resolución judicial adoptada ni los legítimos derechos de los propietarios».
«No se trata de impedir automáticamente un desahucio ni de desconocer los legítimos derechos de los propietarios. Se trata de garantizar que, cuando detrás de una puerta haya una persona especialmente vulnerable, sus derechos cuenten con una protección jurídica efectiva antes de que se ejecute el lanzamiento», incide.
UPF insiste en que la Fiscalía tiene que participar en estos procedimientos «porque la sociedad demanda de sus instituciones que, en los momentos de mayor vulnerabilidad, sean capaces de ofrecer una respuesta jurídica efectiva y humana».
Y recalca que «el caso de Maricarmen ha puesto de manifiesto una grave omisión de nuestro sistema procesal» que «corresponde al legislador corregir».
Por todo ello, defiende la mencionada reforma de la ley en esos supuestos. «Allí donde una persona especialmente vulnerable necesite la protección del Derecho, el Ministerio Fiscal debe poder estar», concluye.
