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La jueza de la Audiencia Nacional que investiga la entrada masiva de migrantes a Ceuta desde Marruecos los pasados 30 y 31 de julio, María Tardón, ha acordado elevar una exposición razonada al Consejo de Ministros en la que solicita la desclasificación «con carácter urgente» de una serie documentos e informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) relacionados con esta causa.
Así lo ha acordado en un auto recogido por Europa Press, en el que da 15 días para que aporte las notas e informes realizados por el CNI y difundidos a autoridades a partir del 30 de julio relativos a las investigaciones sobre la llegada de migrantes.
En particular, solicita todas las notas e informes clasificados relativos a la actuación de las autoridades de Marruecos hasta el día de la fecha.
La juez subraya que, en esta causa, la información solicitada es relevante para la investigación y que no afecta a la seguridad del Estado, pues la misma se ha visto vulnerada precisamente en el marco de los hechos objeto del procedimiento: «La autoría de ese ataque a la seguridad del Estado es lo que pretende averiguarse con la investigación en curso».
Además, solicita que se desclasifique «la información necesaria para que puedan prestar declaración como testigos» varios miembros del CNI.
Así como el texto íntegro, indica, de la nota remitida por el CNI a la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED) —la inteligencia exterior marroquí— y la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST).
Sobre esto, también pide «cualquier otra nota o comunicación que hubieran sido emitidas o recibidas por parte de ambos servicios de inteligencia conteniendo cualquier posible aviso o alerta o respecto de la inmigración irregular de entrada en España desde el Reino de Marruecos, que se hubieran efectuado durante todo el mes de julio y hasta el día en que se reciba la presente solicitud».
Por último, solicita que se desclasifique un informe elaborado por el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) fechado el 4 de agosto.
APELA AL «DEBER CONSTITUCIONAL» A COLABORAR
«Sin obtener esta información», abunda Tardón, «no pueden acordarse las diligencias subsiguientes, en particular la declaración testifical de los agentes del CNI y de los destinatarios de sus comunicaciones», lo que puede comprometer los plazos de la instrucción.
Y señala que cuando la información interesada «presenta una relación directa, objetiva y relevante con los hechos investigados», máxime cuando «no existen fuentes alternativas que permitan alcanzar el mismo resultado probatorio», el deber constitucional de colaboración con la Administración de Justicia «adquiere su máxima intensidad».
A su juicio, esto legitima que «el órgano instructor promueva los mecanismos legalmente previstos para hacer posible el acceso jurisdiccional a dicha información».
«La eventual clasificación de la información solicitada como materia secreta o reservada no constituye un obstáculo jurídico absoluto que impida a este órgano judicial promover su desclasificación cuando resulte necesaria para la investigación de hechos presuntamente delictivos», apunta.
Cabe recordar que el Gobierno desclasificó en septiembre una serie de 40 documentos relacionados con la crisis en Ceuta y aseguró que se publicarán más informes relevantes si hubiera porque desde el Ejecutivo no tienen «nada que esconder».
El Ejecutivo dijo que esos documentos son los que dispone hasta la fecha y fueron elaborados por distintos departamentos y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, incluido el servicio de inteligencia.
Por su parte, el CNI envió un informe a la jueza en el que señaló que la «pasividad» de Marruecos motivó el «desbordamiento» en Ceuta y cree que eran «conscientes» desde el país vecino, añadiendo que no tuvieron «una reacción proactiva» porque priorizaron la seguridad del rey Mohamed VI en la Fiesta del Trono cerca de la frontera.
Según indicó, las autoridades marroquíes «eran conscientes, días antes de que se produjera la entrada masiva, de que se estaba generando una situación anómala en términos de posibles intentos de entradas irregulares a Ceuta» y «habían decidido reforzar el dispositivo de seguridad existente hasta ese momento», pero «en la práctica mostraron una implicación muy irregular en la prevención y control de la crisis».
