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La jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa de la dana ha ordenado varias diligencias —entre ellas la citación como testigo del alcalde pedáneo de Forn d'Alcedo y la identificación de un funcionario— relacionadas con el impacto de la barrancada en la pedanía de La Torre, donde los fallecimientos «son una muestra evidente de las negligencias en la gestión de la emergencia, así como de la carencia y del retraso de avisos».
Para la jueza, existen «claros indicios» de que estas muertes "pudieran haber sido íntegramente evitadas por los investigados —la exconsellera de Interior Salomé Pradas y su exnúmero 2, Emilio Argüeso— «si hubieran ejercido sus funciones conforme les imponía la normativa en materia de protección civil y el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones».
La instructora ha dictado este martes un auto en el que responde a la solicitud de una de las acusaciones, la que ejerce Acció Cultural, para que se identifique al funcionario adscrito a La Torre para aclarar aspectos sobre la información que recibió de las autoridades el día de la inundación.
La jueza Ruiz Tobarra hace notar que en La Torre hubo «una altísima mortalidad, centrada en un garaje, aunque no solo en el mismo, y en el que fallecieron entre otros, una pareja, un matrimonio con su hija, un residente, una viandante, y fuera del garaje, dos personas que volvían de su trabajo, un hombre con movilidad reducida en su propio domicilio, así como dos vecinas de La Torre que sufrieron la inundación y cuyos cuerpos fueron encontrados en Sedaví». En algunos de los casos perecieron junto a familiares; en otros, los parientes llegaron a establecer contacto con las víctimas en los momentos previos al fallecimiento.
Recuerda que el propio alcalde pedáneo, en su declaración testifical, manifestó que no había recibido avisos de manera directa desde el Centro de Coordinación de Emergencias, sino que fue la propia alcaldesa de València, María José Catalá, la que remitió, en un chat de whatsap, el aviso rojo de Aemet. La primera edil manifestó igualmente desconocer la situación de riesgo que se cernía en La Torre hasta que le avisó el alcalde pedáneo, a las 20.13 horas.
En este punto, considera que «la gestión de una emergencia de tal calado, anunciada con días de antelación, retransmitida durante aquel día por los medios de comunicación, con el conocimiento del desbordamiento del barranco del Poyo en el Cecopi, como se desprende de abundante prueba, documental y testifical obrante en autos, hace dífícilmente explicables los fallecimientos en la pedanía de La Torre».
«Uno de los elementos decisivos para la toma de decisiones con prontitud es el conocimiento de las propias competencias en la gestión de la emergencia. Si se desconoce la aplicabilidad de la Ley 13/2010, que regula la protección civil y la gestión de emergencias en la Comunitat Valenciana, el Estatuto de Autonomía y el Plan Especial de Inundaciones, ello ineludiblemente había de llevar a una paralización o ralentización en la toma de decisiones», razona.
Aquí se refiere a la exconsellera de Interior investigada en la causa, Salomé Pradas, y señala que «cuando llega a la conclusión de que la toma de decisiones recaía en ella misma como mando único en la situación 2 de emergencia del Plan de Inundaciones, de lo cual existen elementos de prueba en las grabaciones de vídeo, en las testificales y en la documental, la actuación que asumió ya fue tardía y errónea».
Y alude a la comparecencia de septiembre de Pradas en el Congreso de cuando «refirió nuevamente una codireccion del Cecopi y apeló a la normativa estatal considerando que, dado su origen y su posterior promulgación, excluiría la normativa autonómica».
«El problema de estas afirmaciones —incide la jueza— no es que contradigan lo que pueda decir esta Juez de Instrucción, sino que, lo más grave, suponen un rechazo frontal a lo resuelto por la Audiencia Provincial de Valencia de forma reiterada».
En su auto, la magistrada menciona también al otro investigado, Emilio Argüeso, quien «manifestó en su declaración de investigado que no tenía por qué estar en el Cecopi, en concreto que no estaba convocado al Cecopi, ni tenía por qué ir». «Esa afirmación —apunta la jueza— es difícilmente inteligible teniendo en cuenta que la convocatoria al Cecopi se hace por la AVSRE, y que el secretario autonómico es el director de la misma».
Y añade: «Son legítimas las alegaciones del investigado de que no tenía por qué ir al Cecopi, en el ejercicio del derecho de defensa, pero producen un resultado opuesto al pretendido, ya que dan a entender que, al igual que Salomé Pradas, desconocía sus funciones».
La instructora hace hincapié en la información que había aquella jornada y mantiene que en los fallecimientos que tuvieron lugar en La Torre, «efectivamente, existen claros indicios de que pudieran haber sido íntegramente evitados por los investigados, si hubieran ejercido sus funciones conforme les imponía la normativa en materia de protección civil y el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones».
Apunta que una de las fuentes de información de las que «podían y debían» disponerse en el Cecopi eran los medios de comunicación y recalca que en la causa «se ha hecho constar cómo el avance del desbordamiento del barranco del Poyo, ya era constatado por los medios mucho antes de que llegara la lengua de agua a La Torre». «En el domicilio de uno de los fallecidos en La Torre se seguía el desbordamiento aguas arriba; en el Cecopi se ha llegado a afirmar que no», asevera.
En la misma línea, dice que, además del aviso rojo de Aemet para la zona de litoral sur, donde está incluida La Torre, y los datos del SAIH, debe recordarse que hubo una propuesta de mensaje inicial hecha por el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, donde se recomendaba subir a plantas altas. «Es cierto que era para municipios aguas bajo de Forata, pero dicho texto habría sido útil para zonas de diferentes cuencas, afectadas por la inundación», sostiene la magistrada, que apostilla: «Ese mensaje, el de subir a pisos altos, podría haber salvado vidas en La Torre, de haberse enviado antes de las 20:57 horas».
«La población de La Torre, donde no llovía, no podía ser consciente del peligro en el que se encontraba cuando bajó a un garaje, o estaba en la planta baja de su casa, caminaba por la acera, o circulaba con el coche por la pedanía. Ni siquiera se alertó con el mensaje de las 20:11 h, tan genérico en su contenido que Salomé Pradas lo calificó, en una conversación con José Manuel Cuenca —el exjefe de gabinete de Mazón— como 'mensaje de precaución'».
Atendiendo a lo expuesto, la instructora insta a identificar al funcionario adscrito a la Pedanía de La Torre y a obtener la información que fue recibida desde el CCE y se remitió a la pedanía de La Torre. También llama a declarar como testigo al alcalde pedáneo de Forn d'Alcedo, a fecha de la dana, a quien se le comunicará la posiblidad de aportar voluntariamente los mensajes del chat de alcaldes pedáneos, relacionados con la emergencia, así como cualquier otra comunicación relacionada que voluntariamente desee aportar a esta causa. Sin embargo, la jueza rechaza volver a pedir a la alcaldesa de València la aportación voluntaria de comunicaciones.
