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La Fiscalía Provincial de Madrid ha reclamado la absolución para Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y para su asesora, Cristina Álvarez, de cara al juicio con jurado popular en la Audiencia Provincial, al argumentar que no se cometió ningún delito.
En su escrito de conclusiones, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal solicita «la libre absolución de las acusadas» porque «los hechos narrados no son constitutivos de infracción penal».
El juez Juan Carlos Peinado, justo antes de jubilarse el pasado septiembre, abrió juicio oral con jurado popular contra Gómez por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias, así como contra Álvarez por el segundo de ellos.
El juez instructor decidió enviar a juicio a Gómez por presuntamente aprovecharse de su posición como esposa del presidente del Gobierno para impulsar su proyección profesional en el entorno de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), y a Álvarez por su supuesta colaboración en el presunto desvío del 'software' desarrollado en el seno de la cátedra extraordinaria que codirigió Gómez en dicho centro.
La Fiscalía señala que «ninguna de las investigadas se ha beneficiado económicamente de las actividades de creación del 'software' informático, ni consta que la UCM haya sufrido perjuicio patrimonial a consecuencia de las actividades desarrolladas».
«Ni sociedades ni empresas intervinientes pretendieron ni obtuvieron ninguna remuneración a consecuencia de su participación en el proyecto, ni tampoco existe vinculación con su actividad y contratación en el sector público o privado», señala el Ministerio Público.
Y subraya que «ni Gómez ni Álvarez obtuvieron remuneración o beneficio directo o indirecto derivado de esta actividad, ni realizaron presión de ningún tipo sobre las empresas afectadas para la promoción de la Cátedra de Transformación Social Competitiva y sus patrocinios».
La Fiscalía relata que Gómez «desde el año 2012 hasta julio de 2024 ha colaborado en actividades docentes de la UCM», y precisa que fue codirectora de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva, que se creó en 2020 y se desarrolló hasta el año 2024, «siendo esta una actividad no retribuida, por la que, consiguientemente, percibió 0 euros».
Sobre la creación de dicha cátedra «en torno al mes de julio de 2020, en el Palacio de la Moncloa, y con universidad cerrada por la pandemia y medidas sanitarias y confinamiento, Gómez mantuvo una reunión con el Rector de la UCM, Joaquín Goyache celebrada a iniciativa de la primera», precisa la Fiscalía.
Asimismo, puntualiza que «no es preciso título universitario o profesional de ningún tipo» para la dirección de las cátedras extraordinarias, que «no es, en ningún caso, una actividad remunerada».
Respecto a Álvarez, la Fiscalía asegura que ha «cumplido las funciones inherentes a su cargo», sin «ningún tipo de menoscabo o detrimento para el patrimonio y recursos públicos; y a la inversa, tampoco se ha producido ningún tipo de retribución o beneficio adicional derivado de ellos».
Peinado aseveró en su auto de apertura de juicio que Gómez "habría venido aprovechando su proximidad al presidente del Gobierno para impulsar su proyección profesional en el entorno de la Universidad Complutense de Madrid, obteniendo para ello una interlocución singular con responsables de una universidad pública, con empresas patrocinadoras y con entidades del sector tecnológico.
De cara al juicio, la acusación popular que lidera Hazte Oír solicita penas de 13 años de cárcel para Gómez y seis años para Álvarez, mientras que las defensas piden su absolución.
