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El Gobierno de la Junta de Andalucía «está analizando» los dos decretos-leyes con medidas en materia de vivienda que este pasado martes, 6 de octubre, aprobó el Consejo de Ministros por «si hay alguna cuestión» en ellos «susceptible de recurso» ante el Tribunal Constitucional (TC).
Así lo ha apuntado la vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz de la Junta, Carolina España (PP-A), en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, y en respuesta a preguntas de los periodistas sobre si el Ejecutivo andaluz «ha iniciado o va a promover algún tipo de análisis jurídico para ver si puede haber» en dichos decretos —pendientes de convalidación en la Diputación Permanente del Congreso— «alguna invasión, conflicto de competencias» y, por ello, se plantee recurrir ante el Tribunal Constitucional.
La portavoz de la Junta ha respondido que, «lógicamente», esos decretos sobre vivienda «se están analizando por la correspondiente consejería», si bien ha apostillado que «todavía es pronto para saber si hay alguna cuestión que deba ser susceptible de recurso». «En cuanto estén analizadas todas esas cuestiones, se les dará a conocer», ha dicho la consejera de Economía y Hacienda a los periodistas presentes en la rueda.
Por otro lado, la portavoz ha aprovechado otra pregunta en esta comparecencia para reivindicar la labor de la Junta en materia de vivienda, y al respecto ha subrayado que el Gobierno de Juanma Moreno «ha multiplicado por cuatro el número de viviendas de protección oficial con respecto a las que se hicieron en el anterior Gobierno socialista».
Además, ha resaltado que el Ejecutivo del PP-A ha «permitido y autorizado que los proyectos residenciales también entren en la Unidad Aceleradora de Proyectos para reducir los trámites a la mitad», y ha impulsado «un paquete fiscal de la vivienda para reducir, en la medida de nuestras posibilidades, el precio, los impuestos que se pagan en la compra de segunda mano, que es competencia» de la administración autonómica.
La titular andaluza de Hacienda ha valorado en esa línea que la Junta ha bajado el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, y también ha «facilitado» avales a los jóvenes para el pago del 20% de la hipoteca para adquirir una vivienda que «no facilitaba la entidad financiera» correspondiente, algo que, según ha destacado, ha permitido a «más de 3.000 jóvenes andaluces, de alguna forma, firmar su hipoteca».
Por otro lado, a la consejera le han preguntado por la huelga general por la vivienda que los sindicatos UGT y CCOO han anunciado para el 11 de noviembre próximo, y por la posible afectación que ésta genere en los servicios públicos andaluces ese día.
La portavoz ha señalado que, al haberse conocido «hace escasas horas» la fecha de la huelga, «es imposible» que ella tuviera ya «información de cómo va a afectar a los servicios públicos».
En todo caso, ha manifestado que «seguro que se está analizando todo desde la Junta de Andalucía, desde los distintos servicios, para que afecte lo menos posible», y desde el Gobierno andaluz se va a «estudiar todo muy bien para que los andaluces se encuentren lo menos afectados» posible «dentro de lo que es una huelga general en un país», ha apostillado para concluir.
