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La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha dictado un decreto con pautas de actuación para los fiscales a fin de «garantizar» la «protección de todos los menores extranjeros no acompañados en situación de contingencia migratoria extraordinaria» que se encuentren en España, y ya avisa de que actuará si las comunidades rechazan acoger menores.
En una nota de prensa, la Fiscalía ha informado del establecimiento de una serie de pautas de actuación para los fiscales delegados de menores de origen y destino, «cuyas fiscalías se vean afectadas por la reubicación de menores extranjeros no acompañados, todo ello con la finalidad de asegurar su bienestar y garantizar su protección de manera adecuada».
Esta instrucción llega tras las reticencias manifestadas por algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP y Vox a una eventual acogida de menores migrantes tras la entrada masiva de más de 70.000 personas desde Marruecos a Ceuta. Aún así, la Fiscalía no menciona directamente la situación ocurrida en Ceuta.
Así, el Ministerio Público señala que desde el momento en que la sección de menores del lugar de destino tenga conocimiento de que se va a producir un traslado de menores extranjeros a su territorio, y de que el lugar de procedencia sea una comunidad autónoma «declarada en situación de contingencia migratoria extraordinaria», se deberán adoptar «las medidas necesarias» para que «por parte de la entidad pública autonómica de protección de menores se procure una adecuada acogida».
La Fiscalía insta, de este modo, a que los gobiernos autonómicos cumplan «su deber de garantizar la atención inmediata necesaria y, en su caso, de la protección de aquellos mediante la adopción de las medidas oportunas, cuya superior vigilancia y control deberá ejercer el fiscal competente».
El decreto indica que en el caso de que las comunidades autónomas de destino rechacen o «muestren reticencias para asumir de forma inmediata la recepción efectiva» de los menores, el fiscal del lugar de origen «deberá informar al fiscal del lugar de destino, con copia de la resolución de reubicación y traslado, así como alegaciones de rechazo o dilación de su ejecución».
«Recibida dicha información, tanto si procediese de la fiscalía de origen como de la propia comunidad autónoma, el fiscal delegado de menores del lugar de destino, en el marco de las diligencias preprocesales o expediente gubernativo que hubiere incoado, procederá a requerir a la entidad pública competente en materia de protección de menores para que, con carácter de urgencia, designe el recurso que entienda más idóneo para ejercer una adecuada protección de los menores», establece.
El representante del Ministerio Público deberá informar a la Sección de Menores para proceder al control y supervisión de la protección de los menores migrantes, así como a la consejería u organismo competente de la comunidad autónoma de destino, todo ello con anterioridad a la fecha de traslado, indica.
Esa información «deberá ser puesta en conocimiento del fiscal delegado del lugar de traslado u origen por parte del fiscal delegado de menores del lugar de destino a los efectos oportunos», señala.
