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La jueza de la Audiencia Nacional (AN) María Tardón ha acordado citar como testigos al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y al exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno Gonzalo Sanz en la causa en la que investiga la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos a finales de julio.
En un auto de este miércoles recogido por Europa Press, la jueza llama a Vivas para el próximo 30 de septiembre y al exjefe de gabinete para el 1 de octubre, mismo día para el que convoca igualmente como testigo al jefe de la Policía Local de Ceuta.
Cabe recordar que Sanz dimitió el pasado viernes, después de conocerse que recibió mensajes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a través de WhatsApp y mantuvo una conversación telefónica de unos once minutos con un agente del servicio de inteligencia el 29 de julio, un día antes de la entrada masiva.
Tardón también acuerda en este mismo auto, entre otras diligencias, solicitar a organismos policiales y militares las alertas y análisis de riesgos que pudieran haber emitido en relación con estos hechos y, en caso positivo, los destinatarios y el medio utilizado para su comunicación y difusión, con expresión de la fecha y hora en que tuvieron lugar.
La jueza solicita la práctica de diligencias a petición de la Fiscalía y ante «la gravedad de los hechos investigados», «la magnitud de la movilización producida» o «la existencia de 83 fallecidos».
Entre ellas, la jueza solicita a la Policía Judicial un «análisis biométrico y reconocimiento facial» para «identificar a quienes aparecen en las imágenes gráficas incorporadas en el informe emitido por CENIF —Centro Nacional de Inmigración y Fronteras— ejerciendo funciones de coordinación y dirección operativa sobre el terreno».
Adicionalmente, Tardón solicita esta diligencia a la Comisaría General de Policía Científica y al CNI.
También requiere a las direcciones de Policía y Guardia Civil que elaboren un informe para precisar «la identidad, el cuerpo policial de pertenencia, unidad operativa, empleo o graduación, funciones desarrolladas y actuación observada» de los efectivos uniformados que aparecen reflejados en las imágenes y grabaciones incorporadas a la causa.
El objetivo de este informe será —explica— tratar de reconstruir la cadena de mando operativa presente en la zona de Fnideq-Castillejos durante los días 29, 30 y 31 de julio.
Asimismo, solicita a distintos organismos, entre ellos Centro Nacional de Coordinación de Puestos Fronterizos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (CEFRONT), a la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad y al Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) que aporten «cuantas alertas y/o análisis de riesgos pudieran haber emitido en relación con estos hechos, y en caso positivo los destinatarios de estos, y el medio utilizado para su comunicación y difusión, con expresión de la fecha y hora en que tuvieron lugar».
Para indagar sobre la posible financiación de la movilización, la jueza emplaza a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que elabore un informe financiero y patrimonial sobre los «movimientos económicos relevantes detectados en la zona».
Además, requiere a varios organismos, entre ellos al CNI y al CENIF, que recaben información para tratar de determinar «qué personas, grupos u organizaciones pudieran disponer de capacidad real para planificar y coordinar una movilización de las dimensiones investigadas».
PIDE COLABORACIÓN DE REDES SOCIALES
En el mismo auto, Tardón acuerda abrir una pieza separada de investigación tecnológica con carácter secreto para indagar en «el origen de la convocatoria, reconstruir el proceso de difusión y coordinación y determinar la existencia de una dirección organizada de la movilización».
Para ello, pide asistencia judicial a las compañías Meta, Whatsapp, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, Google, Apple y cualquier otra plataforma digital identificada durante la investigación, en relación a los «números telefónicos detectados como administradores, dinamizadores, difusores o participantes relevantes, los identificadores», así como los contenidos, datos y conexiones utilizados entre el 1 de julio y el 15 de agosto de 2026.
Por otro lado, la jueza indica que una vez se aporten al órgano judicial la totalidad de grabaciones, imágenes aéreas, vídeos operativos, material de drones, grabaciones de cámaras de vigilancia y cualquier otro material audiovisual obtenido entre los días 20 de julio y 7 de agosto de 2026 referidas, deberá procederse a la elaboración de un informe pericial audiovisual único que permita reconstruir cronológicamente los acontecimientos, identificar participantes y determinar los movimientos e itinerarios seguidos durante la ejecución de los hechos.
Tardón recalca que todas las pruebas periciales «recaen sobre aspectos expresamente destacados en la resolución judicial: la actividad desarrollada en redes sociales, la identificación de dinamizadores y organizadores, la eventual existencia de estructuras criminales, la determinación de los responsables de la planificación y dirección estratégica de los hechos, la investigación de los fallecimientos producidos y el análisis de las actuaciones desarrolladas antes, durante y después de la entrada masiva».
