El juez de la Audiencia Nacional (AN) Antonio Piña ha consultado a la Fiscalía si considera que el tribunal es competente para investigar al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Herzi Halevi, y otros mandos militares israelíes por el asalto a un convoy y la presunta detención ilegal de un sargento español de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL).
En un auto fechado este viernes al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado acuerda la incoación de diligencias previas y da traslado al Ministerio Fiscal "a fin de que informe sobre competencia" y se pronuncie "sobre las diligencias solicitadas" en la denuncia presentada por la organización Iustitia Europa.
El juez argumenta que los hechos por los que Iustitia Europa interpuso la querella presentan "características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".
La querella, que se hace extensible a "otros mandos y militares israelíes aún por identificar", acusa a los denunciados de la presunta comisión de delitos de crímenes contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, coacciones y detención ilegal.
Los hechos se remontan al pasado 7 de abril cuando Israel detuvo un convoy logístico de la misión de la ONU en Líbano que llevaba alimentos y otros recursos al contingente indonesio y retuvo a un militar de nacionalidad española durante "menos de una hora".
"Las fuerzas israelíes asaltaron el vehículo de cabeza" y "el sargento del Ejército de Tierra español fue extraído por la fuerza y con extrema violencia de su vehículo", relata la querella, que añade que fuentes oficiales han señalado que se trata de "acto absolutamente hostil con violencia física".
El sargento fue liberado después de que España trasladase "su protesta más enérgica" tanto a Naciones Unidas como al Gobierno de Tel Aviv, según reveló la ministra de Defensa, Margarita Robles.
La querella califica los hechos como "una detención ilegal en toda regla" y "un trato degradante proscrito por el Derecho Internacional, ejecutado con la clara intención de amedrentar y desmoralizar al contingente de paz".
Asimismo, señala que este hecho "no es un episodio aislado dentro del teatro de operaciones, sino parte de un escenario más amplio de riesgo estructural para las fuerzas internacionales de paz".
