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Asociaciones de jueces y magistrados han señalado que las solicitudes de asilo se tienen que estudiar de forma individualizada, esto es, «caso a caso», deslizando que el hecho de haber ingresado de forma irregular en España no justifica la posibilidad de realizar «denegaciones en masa» ni elimina el derecho a pedir protección internacional.
Una postura que defienden tanto la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en el sector, como el Foro Judicial Independiente (FJI), al ser consultadas por Europa Press sobre la situación de los solicitantes de asilo en España en el contexto de la crisis migratoria de Ceuta.
Dos semanas después de la entrada masiva en Ceuta de 80.000 personas procedentes de Marruecos entre el 30 y el 31 de julio, en la que 83 personas perdieron la vida, el presidente de la ciudad autónoma, Juan José Vivas, pidió al Gobierno central que desestime las solicitudes para obtener el derecho al asilo de los migrantes que lo hayan pedido.
«Retorno a Marruecos. Ninguna regularización, ningún asilo. Ese mensaje debe quedar absolutamente claro», resumió, explicando que esta decisión es «una condición necesaria» para «el presente y para el futuro de Ceuta» y que, en el futuro, servirá para «desactivar» el uso de la «presión migratoria» como «arma» para «desestabilizar».
La propuesta de Vivas cuenta con el respaldo público de la dirección nacional del PP. Este viernes, el vicesecretario de Educación e Igualdad 'popular', Jaime de los Santos, apoyó la medida, afirmando que no vulnera la legislación internacional y cuenta con precedentes directos dentro de la Unión Europea (UE).
De los Santos mencionó el caso de Grecia, un país que «también suspendió el derecho de asilo durante un periodo temporal concreto y, precisamente, con los países del norte de África que amenazaban la seguridad de su territorio y, por tanto, la de toda la UE».
En este contexto, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) indica que el ordenamiento jurídico permite endurecer y acelerar la tramitación de las solicitudes de protección internacional en frontera.
«Lo que no permite nuestro ordenamiento es decidir de antemano que toda persona que haya entrado irregularmente verá denegado el asilo. Cada solicitud debe poder ser examinada, porque detrás de una entrada irregular puede existir una persona que reúna realmente los requisitos para obtener protección internacional», subrayan fuentes de la asociación a Europa Press.
Así, recuerdan que «una cosa es que entrar irregularmente en España no otorgue ningún derecho a permanecer y otra distinta es que esa entrada irregular elimine el derecho a pedir protección internacional». «Son dos planos jurídicos diferentes», rematan.
Por su parte, el presidente del Foro Judicial Independiente (FJI), Roberto García Ceniceros, incide en que aunque las peticiones de asilo las tiene que resolver el Ejecutivo, se trata de «una figura pensada para estudiarla caso a caso».
«Sólo habría de concederse asilo a quien cumpla los requisitos, pero sin que parezca procedente acordar denegaciones en masa», detalla García Ceniceros en conversación con Europa Press.
