El Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha reclamado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que investigue la posible instalación ilícita de sistemas de escucha y vigilancia en dependencias judiciales, tras las declaraciones del comisario Manuel Morocho en el juicio del caso Kitchen, en las que manifestó las sospechas de un magistrado de la Audiencia Nacional sobre un posible espionaje en su despacho o comunicaciones.
La organización judicial ha subrayado que la testifical de Morocho, «ampliamente recogida en medios de comunicación», supondría, de ser cierta, «una práctica ilícita extremadamente grave», al afectar a derechos fundamentales de integrantes de la judicatura y a la seguridad e integridad que debe presidir el trabajo de los tribunales, poniendo de manifiesto «una voluntad de interferir y perjudicar» la labor investigadora.
JJpD ha considerado que, ante la gravedad de un testimonio procedente de un alto cargo policial, el CGPJ debe aclarar si el Gobierno o funcionarios policiales trataron de espiar, obstruir o entorpecer la actividad judicial, y, de confirmarse tales vigilancias, ponerlo de inmediato en conocimiento del Ministerio Fiscal para exigir las responsabilidades correspondientes.
La asociación ha defendido que el Estado de Derecho exige un Poder Judicial que ejerza su función «con independencia y sin injerencias externas, sean gubernamentales, policiales o de cualquier otra clase», y ha advertido de que, si los hechos se confirmasen, se estaría ante «una gravísima actuación ilegal que merecería todo el reproche que disponga nuestro ordenamiento jurídico».
Por ello, JJpD ha instado al CGPJ a indagar lo ocurrido y a adoptar, si se constataran las vigilancias denunciadas, las medidas necesarias para exigir la responsabilidad que corresponda, en tanto que órgano constitucionalmente obligado a velar por la independencia judicial.
