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La eurodiputada y cabeza de lista de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, ha reclamado este lunes revertir la liberalización del sector ferroviario y aplicar el artículo 128 de la Constitución para recuperar el control público y renacionalizar el sistema, siguiendo el ejemplo de Reino Unido, al considerar que permitir que se haga negocio con este servicio «está poniendo en peligro la seguridad de los usuarios».
Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse con representantes del Sector Federal Ferroviario de CGT para conocer las reivindicaciones que llevan años planteando los trabajadores de Renfe, Adif, los maquinistas y el personal de los centros de control para garantizar la seguridad y el funcionamiento del sistema.
«Además de la dimisión del ministro, que es un consenso social que debe dimitir, aquí la cuestión de fondo es la liberalización», ha afirmado ante los periodistas Montero, quien ha defendido la necesidad de aplicar el artículo 128 de la Carta Magna, que permite poner bajo control público servicios esenciales para la ciudadanía. A su juicio, el transporte constituye un derecho cuya gestión y seguridad deben garantizarse desde el sector público.
La dirigente de Podemos ha asegurado que los trabajadores y sindicatos ferroviarios llevan años advirtiendo de los problemas de seguridad derivados de la liberalización y ha denunciado que numerosos servicios esenciales de mantenimiento, prevención, control y señalización están externalizados y dependen de empresas privadas.
En este sentido, ha señalado que la señalización del tramo donde se produjo el accidente depende de dos compañías, Hitachi y Siemens, y ha citado también a grandes constructoras como ACS, Sacyr, Ferrovial y Acciona entre las empresas que realizan tareas de mantenimiento y prevención en el sistema ferroviario.
Montero ha cuestionado que empresas privadas «cuyo objetivo es maximizar sus beneficios» puedan garantizar las inversiones necesarias en seguridad cuando estas entren en conflicto con sus intereses económicos. «¿No nos damos cuenta del grave peligro que supone dejar en manos de empresas que solo buscan maximizar beneficio un derecho y un servicio fundamental como es el ferrocarril?», ha planteado.
Preguntada por la comparecencia de Puente prevista para este martes en la Diputación Permanente del Congreso, Montero ha reclamado que se deje de «culpabilizar a un trabajador» en el accidente y que se aborde el papel de las empresas privadas que obtienen beneficios del sistema ferroviario español.
En concreto, ha pedido explicaciones sobre las constructoras y las compañías encargadas del control y la señalización, así como sobre los cánones que pagan los operadores por utilizar las vías ferroviarias, que, según ha asegurado, son inferiores al gasto que genera su utilización. «Yo esperaría esa honestidad. Eso es lo mínimo exigible. Y que podamos ir al fondo del asunto. Y, por tanto, primero la dimisión y acto seguido aplicación del 128 de la Constitución», ha reclamado.
Montero ha responsabilizado tanto al PP como al PSOE de la liberalización del sector ferroviario en las últimas décadas. «El Partido Popular y el Partido Socialista no son lo mismo, pero cuando se trata de privatizar votan igual», ha esgrimido, recordando que ambas formaciones respaldaron en 2019 el último paso de la liberalización ferroviaria.
«Si se quiere hacer negocio, que se haga con relojes o con vinos, no con el sistema ferroviario, no con el transporte, no con la seguridad de la gente», ha finalizado.
