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El Ministerio del Interior ha asegurado a la jueza de la Audiencia Nacional que investiga la entrada masiva en Ceuta de finales de julio que no recibió avisos que avanzaran el «riesgo» auténtico de la llegada de decenas de miles de migrantes desde Marruecos que se produjo y que «no era previsible».
Según un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska responde así al requerimiento que la jueza María Tardón le hizo para que aportara las alertas, informes, comunicados, órdenes de servicio, correos electrónicos y documentación operativa relacionada con el riesgo de entrada masiva emitida entre el 20 de julio y el 7 de agosto.
Interior asegura que la información que le llegó antes de los días 30 y 31 de julio «exponía circunstancias que eran conocidas» de forma «previa o paralelamente» por ellos y «gestionadas en el territorio por las fuerzas de seguridad con sus capacidades y los refuerzos incorporados en función de la evolución del contexto migratorio».
«En los días precedentes a la entrada masiva irregular de personas migrantes en Ceuta no se recibieron en el Ministerio del Interior alerta, informe, comunicado, correo electrónico o documentación operativa que anticipara un riesgo de entrada masiva de la magnitud del evento acontecido», señala.
A ello añade que el episodio ocurrido «modificó significativamente el contexto existente, configuró un nuevo escenario, caracterizado por una urgencia humanitaria y de seguridad que no era previsible a partir de la información disponible en el período inmediatamente anterior».
También conllevó —continúa— un «punto de inflexión» en las condiciones en las que debían adoptarse las decisiones, por lo que «las actuaciones anteriores y posteriores respondieron a lógicas, ritmos y procesos sustancialmente diferentes», apostilla.
Interior indica que la Guardia Civil elaboró el 8 de julio una nota de despacho, remitida por su directora, Mercedes González, sobre los efectos de la sentencia del Tribunal Supremo que resumía que la decisión judicial impedía el rechazo en frontera de las personas que logren acceder a territorio nacional por vía marítima, la tramitación individualizada del expediente de expulsión, el incremento de la presión migratoria sobre Ceuta y Melilla sobre todo a nado y la limitación de la capacidad de respuesta inmediata «ante este tipo de acceso irregular».
«A raíz del nuevo marco jurisprudencial establecido por esta sentencia, el Ministerio del Interior puso en marcha un proceso de adaptación de su modelo operativo de control fronterizo», relata, para agregar que se articuló a través del análisis de soluciones técnicas de contención marítima compatibles con el nuevo marco jurídico y con otros criterios técnicos, operativos y humanitarios, y con la adecuación de las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad a la evolución del contexto migratorio.
Y expone que «se dio continuidad a la mejora de los sistemas tecnológicos de detección temprana, avanzando en la tramitación y ejecución de los procedimientos que habían sido iniciados con anterioridad».
Tras la sentencia del Supremo, según explica, empezaron a apreciar un «incremento progresivo» de los intentos de acceso irregular por vía marítima, siendo los días 28 y 29 de julio cuando se produjo la entrada multitudinaria de 713 personas y la interceptación de 850 personas por las fuerzas marroquíes.
«El análisis de los efectos de la sentencia y de la evolución de las entradas registradas durante el mes de julio permitían anticipar un incremento progresivo de la presión migratoria, e incluso episodios de impacto, pero abordables, como los acaecidos los días 28 y 29 de julio, que en ningún caso se tradujeron en indicadores que permitieran anticipar la ruptura súbita del escenario operativo conocido», sostiene.
Al hilo, manifiesta que agosto es «tradicionalmente» el mes del verano en el que Ceuta «ha experimentado un incremento de la presión migratoria a nado en los últimos años» y los datos hasta entonces de julio —3.883 de entradas y tentativas— no evidenciaban un escenario distinto de los registrados en otros periodos estivales, afirma.
«El escenario previsible podía ser afrontado con las capacidades de las fuerzas de seguridad y con la incorporación progresiva de los refuerzos que resultaran necesarios en atención a su evolución», argumenta.
Interior reivindica que reforzó tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil y que tuvo «contacto permanente» con la Delegación del Gobierno y con el Ejecutivo de Ceuta, así como con el resto de los ministerios implicados.
«La crisis migratoria de los días 30 y 31 no constituyó una mera intensificación de las entradas multitudinarias de los días 28 y 29 de julio, sino un cambio cualitativo de escenario», valora.
A la par, señala que la información que alertaba de posibles nuevos episodios obligó a reconsiderar los riesgos que podían materializarse en adelante y, «a partir de ese momento, la posibilidad de nuevos acontecimientos de carácter desbordante dejó de constituir una hipótesis abstracta y pasó a ser un riesgo acreditado por la experiencia inmediata».
Ese nuevo escenario «determinó el carácter urgente de la instalación de elementos de contención fronteriza en las fronteras marítimas de Ceuta y Melilla, la solicitud de financiación de la Unión Europea y un nuevo refuerzo de las capacidades de las fuerzas de seguridad», incide.
Por último, menciona que las medidas adoptadas con carácter urgente o en proceso de implementación «por su especial complejidad técnica, económica y legal» tras la entrada masiva «están sujetas a una evaluación y adecuación permanentes, en función de la evolución del fenómeno y de la información disponible».
