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El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado la impugnación que formuló la Fiscalía y la Abogacía del Estado por considerar «excesivos» los honorarios de 38.508 euros del abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en la causa en la que fue condenado el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por revelación de datos reservados.
En un decreto firmado por la letrada de la Administración de Justicia de la Sala de lo Penal del alto tribunal y recogido por Europa Press, el alto tribunal fija la minuta del letrado Gabriel Rodríguez-Ramos, que representó a González Amador, en 38.508 euros y aprueba definitivamente la tasación de costas en 39.009 euros, incluidos los derechos de la procuradora.
La letrada indica que, de la valoración conjunta de las actuaciones, del trabajo profesional efectivamente desarrollado, de la singular complejidad de la causa y del contenido del informe colegial emitido (por el Colegio de Abogados de Alcalá de Henares), «no resulta acreditada la existencia de una desproporción patente, manifiesta o notoria que permita calificar los honorarios incluidos en la tasación como excesivos».
El informe colegial, al que tuvo acceso esta agencia de noticias, concluyó que la cantidad reclamada por el letrado resulta «ajustada» atendiendo a la complejidad del procedimiento, el tiempo de dedicación y el trabajo profesional desarrollado.
El procedimiento de tasación de costas se inició después de que el Tribunal Supremo condenara a García Ortiz, en diciembre de 2025 y por un delito de revelación de datos reservados de González Amador, a 7.200 euros de multa, dos años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general y el pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular. Asimismo, fijó que pagara una indemnización de 10.000 euros al empresario por daños morales.
El letrado de González Amador presentó inicialmente una minuta de honorarios de 64.778,78 euros, sin IVA, que ascendía a 78.382,32 euros con el impuesto incluido.
Tanto el Ministerio Fiscal como la Abogacía del Estado impugnaron la tasación al considerar «excesivos» e «indebidos» los honorarios y derechos incluidos. En un decreto de 26 de marzo de este años, la letrada de la Administración de Justicia estimó parcialmente la impugnación por partidas indebidas y fijó el importe total de las costas en 39.009,48 euros.
Posteriormente, el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado recurrieron esa decisión, pero el Tribunal Supremo desestimó ambos recursos mediante un auto del pasado 2 de julio de, que confirmó el decreto.
El Colegio de la Abogacía de Alcalá de Henares examinó la minuta del letrado y consideró que los 38.508,26 euros correspondientes a sus honorarios, IVA incluido, son «adecuados» para su inclusión en la tasación, una vez excluidas las partidas consideradas indebidas.
