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El Tribunal de Cuentas ha dado un plazo de cinco días al Ministerio Fiscal, a la empresa pública Planifica Madrid y a la Comunidad de Madrid para que se pronuncien sobre la procedencia de nombrar un delegado instructor que investigue la presunta adquisición irregular de un ático por parte de la empresa pública o, por el contrario, acuerde el archivo de la acción pública.
Así consta en una diligencia de ordenación, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que se expone que el procedimiento se abrió el pasado 15 de septiembre después de que el órgano fiscalizador recibiera cuatro denuncias.
Las denuncias fueron presentadas entre el 3 de agosto y el 1 de septiembre y fueron acumuladas al abordar el supuesto desvío de fondos públicos que habría podido ocasionar un perjuicio a los caudales de Planifica Madrid, M.P., S.A. y de la Comunidad de Madrid por la adquisición de un ático de uso residencial por parte de la empresa pública. Posteriormente, el 30 de septiembre se recibió una quinta denuncia sobre los mismos hechos.
El Tribunal señala que el pasado 15 de septiembre y el 6 de octubre acordó tener por personados en la acción pública al Grupo Parlamentario Más Madrid y al PSOE tras comprobar que cumplían los requisitos establecidos en la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
Ahora, el Tribunal de Cuentas abre el trámite para que Fiscalía, Planifica Madrid y la Comunidad de Madrid se pronuncien durante un plazo común de cinco días sobre si procede designar un delegado instructor para practicar las actuaciones previstas en el artículo 47 de la Ley 7/1988, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, o si debe archivarse la acción pública.
En su denuncia, el PSOE reclamó al Tribunal de Cuentas que investigara la compra por parte de la Comunidad de Madrid del ático en Chamberí por 6,3 millones de euros, al considerar que podía existir un presunto «perjuicio patrimonial».
Entre las cuestiones que planteó el PSOE, figura la necesidad de identificar quién impulsó la operación y cuál fue la «necesidad concreta» que justificó la adquisición.
En su denuncia, los socialistas pidieron esclarecer cómo se fraguó la operación y, en particular, si existió un acuerdo específico del consejo de administración de Planifica Madrid para aprobar la selección del inmueble, el precio, las arras y la inversión, así como qué controles presupuestarios, técnicos y jurídicos eran exigibles y si llegaron a activarse.
El PSOE sostuvo además que en la documentación remitida por la Comunidad no figuraban un acuerdo específico del consejo de administración relativo a la compra, un expediente previo que acreditara la necesidad de adquirir el inmueble ni un expediente específico de control presupuestario o fiscalización de la operación.
