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El Tribunal Supremo ha denegado las medidas cautelarísimas pedidas por Ceuta en un recurso que acusaba de «inactividad» al Gobierno central y reclamaba ordenar al Gobierno la expulsión o devolución de migrantes que llegaron a la ciudad autónoma en la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio.
Según un auto, recogido por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que no cabe acordar ninguna de las medidas solicitadas sin escuchar a la parte contraria, en este caso el Gobierno.
«Apreciamos que la parte recurrente no ha acreditado la concurrencia de circunstancias que aconsejaran la adopción de mencionadas medidas sin oír a la parte contraria, pues la solicitud no revela la existencia de la especial urgencia exigible para la adopción de la medida cautelarísima interesada», argumenta.
Entre lo solicitado, Ceuta quería que el Supremo reclamara al Gobierno que, en diez días, comunicara a los magistrados un plan operativo para la tramitación de los procedimientos de expulsión o devolución y de protección internacional relativos a las personas mayores de edad que entraron en Ceuta y permanecen en la ciudad.
Y solicitaba que ordenara al Ejecutivo que «proceda a la efectiva y material ejecución, en los plazos que establece la LOEX, de las resoluciones de expulsión y de devolución que, respecto de dichas personas, sean ya ejecutivas o lo sean en lo sucesivo, incluida la conducción de sus destinatarios hasta el puesto fronterizo de salida, sin perjuicio de la suspensión que, en su caso, acuerden los órganos jurisdiccionales y de las garantías propias del procedimiento de protección internacional».
Los magistrados señalan que la inactividad que se imputa a la Administración central se vendría manteniendo en el tiempo durante más de dos meses y medio sin que se haya instado la tutela cautelar, por lo que no se aprecia que concurra especial urgencia.
